Las cifras de la COVID-19 en Venezuela contrastan con los números de sus vecinos en la región. Con 144.277 personas infectadas, el régimen se exhibe como un ejemplo en el manejo de la pandemia, sin embargo, estas estadísticas no responden a la realidad.
Médicos y opositores denuncian una aplicación de pruebas a conveniencia en medio del debilitado sistema sanitario y ante la laxitud de la cuarentena cada siete días y en fechas de celebración, como las navideñas.
A continuación algunas claves para entender por qué, a la fecha, Venezuela sigue reportando cifras bajas de covid-19.
1.- ESCASEZ DE GASOLINA
La cuarentena coincidió con una aguda escasez de gasolina que impidió la movilidad de las personas y que ocasionó largas filas en las estaciones de servicio donde los ciudadanos podían permanecer desde 24 horas a 6 días esperando para repostar.
Según explicó Maduro, un «bloqueo» debido a las sanciones de EE.UU. y otros países contra Venezuela le impedía comprar recursos para refinar gasolina, lo que llevó a una etapa de duro racionamiento que se mantuvo hasta junio, cuando llegó a las gasolineras el combustible que recibió el país a finales de mayo, procedente de Irán.
Con el carburante, llegó también una notable laxitud de las restricciones de movilidad, al implementarse el esquema denominado 7+7, todavía vigente, y que consiste en siete días de cuarentena, seguidos de otros tantos de flexibilización.
2.- ESCASEZ DE PRUEBAS PCR
Desde el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias han realizado alrededor de tres millones de pruebas en una población de aproximadamente 30 millones de habitantes.
El Gobierno no precisa si se trata de pruebas rápidas o PCR, pero según la Academia Nacional de Medicina y de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, los test que más se realizan son los de diagnóstico inmediato, de dudosa fiabilidad por su alto porcentaje de error.
En opinión de médicos independientes y de la oposición, el bajo número de pruebas evita que exista un dato certero acerca de la cifra real de contagiados, por lo que -aseguran- hay un «subregistro altísimo» de la cantidad de casos.
3.- ESTADO DE ALARMA Y CUARENTENA TEMPRANA
El 13 de marzo del pasado año, cuando tan solo se habían registrado dos contagios por el virus, el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de alarma y anunció la suspensión de clases, que se haría efectiva tres días después, así como la prohibición de concentraciones masivas y la movilidad entre un estado y otro.
Maduro también puso en marcha, a partir del 16 de marzo, una «cuarentena social y voluntaria» que, en la práctica, era obligatoria y vigilada, y que se cumplió fielmente durante los dos primeros meses, cuando solo podían trabajar en el terreno los sectores básicos de la economía: alimentación, salud y prensa.
4.- SUSPENSIÓN DE VUELOS
El mandatario también ordenó la suspensión inmediata de vuelos de Europa y Colombia, en primer lugar, y apenas tres días después, cuando ya se computaban alrededor de 20 contagios, también lo hizo con Panamá y República Dominicana, seguidos de los enlaces, vía aérea, con el resto del mundo.
La medida, que exceptuaba los viajes humanitarios gestionados por entidades diplomáticas, se mantuvo vigente hasta el pasado noviembre, cuando se abrió el espacio aéreo para aviones procedentes de Irán, Turquía y México, y unos días después, los de República Dominicana y Panamá.
5.- RESTRICCIÓN EN FRONTERAS TERRESTRES
Las fronteras terrestres fueron cerradas de inmediato y se habilitaron, únicamente, corredores humanitarios para permitir el ingreso de los venezolanos que quedaron varados en otros países o que decidieron retornar tras emigrar, y solo entre 300 y 400 personas atravesaban la línea fronteriza bajo estrictos controles, y solo tres días por semana.
La medida fue aplicada en medio de las acusaciones de Maduro contra los venezolanos que retornaban de ser los causantes de la expansión de la covid-19 en el país, ya que ingresaban a través de pasos ilegales y a los que llegó a calificar de «bioterroristas».
6.- CONTROLES POLICIALES
Durante estos tres primeros meses, la movilidad no solo estuvo limitada por la escasez de combustible, sino también por la vigilancia de los cuerpos de seguridad que impedían el tránsito de las personas entre cada estado, municipio o comunidad.
La Policía y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) estuvo desplegada en cada zona y estableció un control tan estricto que, incluso, el personal de salud, prensa o seguridad del Estado se encontró con complicaciones para trasladarse a sus lugares de trabajo, aún cuando poseían salvoconductos.
EFE
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