Este viernes la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) advirtió que la Alcaldía de Leticia, Amazonas, está organizando un desalojo de una comunidad asentada desde septiembre de 2020. Según el comunicado, el alcalde Jorge Luis Mendoza Muñoz ha hecho pronunciamientos en medios de comunicación locales anunciando que van a remover a estas personas del lugar si no lo abandonan voluntariamente. Onic denuncia que no hay garantías.
“No ofrece ninguna solución a la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran” y agregan que entre estas familias hay brasileros, víctimas del conflicto armado y 381 nucleos familiares que pertenecen a 14 pueblos indígenas, entre ellos menores de edad, adultos mayores y mujeres lactantes.
La organización explica que desde septiembre de 2020, a causa de la pandemia y de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, estas familias se asentaron en predios que le pertenecen a la Alcaldía de Leticia. Además dijeron que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le cedió a la Alcaldía uno de estos espacios para que se construyeran viviendas de interés social.
“Desde octubre de 2020 se ha intentado generar escenarios de diálogo donde se pueda concertar una ruta de restitución de los derechos fundamentales de estas familias. No obstante, el alcalde insiste en desalojar a más de 500 familias para construir 100 viviendas de interés social, como lo afirmó en la radio local, sin ofrecer ninguna alternativa de reubicación”, declaró la Onic.
Expresan que pudieron llegar a una reunión con la Secretaría de Gobierno de dicho municipio para encontrarle una salida alternativa al desalojo forzado y que se pudiera dar de forma voluntaria, por lo que exigen que se generen espacios de diálogos dirigidos para encontrar soluciones que no vulneren los derechos de esta población, además les piden tener en cuenta la normativa de la Corte Constitucional donde se pide que se retorne a las comunidades indígenas a sus territorios ancestrales u ofrecerles alternativas en caso de imposibilidad de volver, por lo que exhortan al gobierno local a desistir de desalojarlos.
“Igualmente solicitamos al Ministerio Público y al Ministerio del Interior activar una ruta de acompañamiento y atención a esta situación; a todas las entidades y organizaciones relacionadas con la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas”, concluyeron.
Desaparición de dos menores en Nariño
Por su parte la Unidad Indígena del Pueblo Awá, denunció que desde el pasado 16 de febrero no tienen noticias de los jóvenes Miguel García Pai, de 23 años y de Pascal García, de 18 años, pertenecientes al resguardo indígena Awá. Al parecer habrían sido retenidos por un grupo armado ilegal que opera en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, Nariño.
La comunidad indígena le pide al Gobierno que “garantice el respeto por los derechos humanos en nuestro territorio ancestral Awá. Recordando que dentro de sus obligaciones constitucionales está además de proteger nuestras vidas, el de garantizar nuestra integridad personal y, sobre todo, salvaguardar nuestro pueblo indígena”, señalan.
También le hacen llamados a la Fiscalía General de la Nación, al Congreso de la República, a la ONU y a las organizaciones de Derechos Humanos para que revisen su situación y “condene a los responsables que atentan contra nuestro pueblo”, además de ayudarlos a afrontar “estos tiempos que cada día son más difíciles de sobrellevar”.
Este resguardo está ubicado entre Tumaco y Barbacoas, donde operan el ELN, el frente Oliver Sinisterra, de las disidencias de las Farc, entre otros grupos criminales.
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