La Embajada de Venezuela en Canadá organizó este viernes un Foro sobre el Arco Minero con panelistas miembros del Senado Canadiense y de la Asamblea Nacional de Venezuela, y organizaciones no-gubernamentales. Las ponencias exhibieron graves denuncias sobre crímenes ambientales y de lesa humanidad en la referida zona ilegal de explotación minera, al tiempo que coincidieron en un llamado dramático sobre la necesidad de una minería responsable, sustentable, que sustituya al depredador enfoque desarrollado por el régimen de Nicolás Maduro.
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Con presentaciones de la Senadora del Parlamento de Canadá, Rosa Gálvez, PhD, y del Diputado por el Estado Bolívar, Américo De Grazia, así como de SOSOrinoco, se pudo conocer como la minería ilegal e indiscriminada impacta de manera negativa y contundente a las comunidades, al medio ambiente y a las reservas de metales y minerales en el territorio más antiguo del planeta.
Una vasta extensión de la amazonia venezolana – equivalente a centenares de miles de kilómetros cuadrados – ha sido destruida por la explotación irracional y con intensión depredadora y el mal uso del mercurio y otros químicos como cianuro, además de métodos y mecanismos primitivos de impacto destructor.
SOS Orinoco denunció que en los últimos 20 años Venezuela apuntala el mayor nivel de deforestación del mundo, con una extensión deforestada equivalente al Estado Miranda o 1.16 veces la provincia de Alberta en Canadá. Esto no es solo un daño irreparable para Venezuela, sino al planeta entero. SOS dice que desde el 2000 hasta el 2020 se perdieron 779600 hectáreas de bosques en el Arco Minero.
Y que el tamaño de lo que ocupan las minas en la actualidad es de 21300 hectáreas que es el resultado de haberse triplicado desde el 2015.
Los problemas en el Arco Minero son innumerables y van a demandar una visión sistémica para resolverse: contaminación del ambiente y violaciones masivas y graves de Derechos Humanos; destrucción de fuentes hídricas para generación de energía hidroeléctrica; destrucción de comunidades indígenas; profanación cultural de territorios declarados de la Humanidad; tráfico humano, prostitución, desplazamientos de pobladores y esclavitud infantil; violencia generalizada y ausencia de instituciones; corrupción militar; grupos armados ilegales con dominio de territorio y manejo de minas (nacionales y extranjeros); actividades ilícitas de todo tipo, y por si fuera poco, exterminio de la biodiversidad.
Quienes tienen control del Arco Minero han decretado su “propia ley”, que va desde las palizas a personas, hasta las mutilaciones y la muerte. Allí el Estado son ellos. Estamos hablando de una inmensa zona marcada por contrabando de combustible, armas, drogas y prostitución, donde impera la ley de la vacuna, el contrabando, el secuestro y la anarquía.
La Senadora Canadiense Rosa Gálvez en una presentación profesional orientada al daño ecológico sostuvo que “Es necesario apelar a una minería sostenible, que resguarde los impactos técnicos, ecológicos y los pueblos indígenas”. Es promover una minería responsable «que comporta inclusión de las comunidades, prácticas ambientales de rango mundial y compromiso de seguridad y salud a sus pobladores».
«El Estado del Arte en Minería pasa por el buen desempeño, la justa distribución de beneficios con comunidades, la transparencia, el control de riesgos y la credibilidad», concluyó la Senadora de Canadá.
SOS Orinoco presentó robustos datos estadísticos, cartográficos y satelitales donde destacan la presencia de grupos irregulares, el impacto geográfico y las enfermedades virales. De acuerdo a SOSOrinoco “La extracción de oro en el polígono del Arco Minero es presentado por el gobierno como un « programa de explotación mineral para salvar el país de la guerra económica ». Sin embargo, el estado Bolívar pasó de ser uno de los estados más ricos del país a ser el epicentro de miseria, muerte y desolación derivada de un extractivismo masivo e indiscriminado”.
SOS Orinoco denunció que en los últimos 20 años Venezuela apuntala el mayor nivel de deforestación del mundo, con una extensión deforestada de 779.600 hectáreas de bosques equivalente al Estado Miranda de Venezuela. Esto no es solo un daño irreparable para Venezuela, sino al planeta entero.
SOSOrinoco finalmente denunció que de la totalidad del oro de sangre extraído en el Arco Minero “muy poco llega al BCV, mientras los lingotes de las reservas salen ilegalmente de sus bóvedas.”
Gran parte parte del arco minero se sobrepone al Parque Nacional Caura, la Sierra de Imataca, una de las eco regiones más importantes de Venezuela. La denuncia sigue al decir que “Dieciocho [18] cuencas hidrográficas han sido afectadas por la minería criminal.”
“Venezuela hoy registrará el nivel mundial más alto por muerte de malaria en el mundo, además de Difteria, Sarampión y Tuberculosis. El Estado Bolívar es la región más afectada por el COVID 19 del país.”
El oro en definitiva NO es un «salvavidas económico » para Venezuela, sino la manifestación pública arrogante e irresponsable de vivir a expensas de las riquezas del estado venezolano para sostenerse en el poder», concluyó SOSOrinoco.
El Diputado Americo De Grazia, exilado por amenazas del régimen, además de haber sido golpeado salvajemente en agresiones del chavismo en los años 2013 y 2017, comenzó su exposición señalando que « el arco minero se ha ido expandiendo y hoy abarca prácticamente el 50 % del territorio nacional: 455.000 km2 si consideramos los estados afectados: Delta Amacuro, Bolivar y Amazonas » Lo que equivale a dos tercios de la Provincia de Alberta. « Toda esta tragedia comenzó en el año 2004 cuando se decretó el régimen de concesiones mineras, la denominada Misión Piar, luego llamada Plan de Reconversión Minera, luego Plan Caura y finalmente bautizada por Maduro como Arco Minero ».
De Grazia señaló que el Arco Minero « se ha convertido en una franquicia de muerte y destrucción »[…] « Ahí está la vitrina más palpable de lo que significa el chavismo-madurismo, por representar una verdadera organización criminal que no sabe atender las necesidades ciudadanas».
El parlamentario venezolano exiliado en Italia señaló que «Nuestra soberanía ha sido hipotecada a China, Turquía, Irán, Rusia y Cuba, además de grupos terroristas a cuenta del desplazamiento de los pueblos indígenas y masacres genocidas a manos del pranato del oro de sangre».
Denunció que “no hay ingresos por venta de diamante, oro o Coltán en el Banco Central de Venezuela.” Y advirtió con real preocupación que “el 88% de nuestra fuente de agua dulce proviene de los 10 parques nacionales concentrados en ese territorio y el 70% de nuestra generación de energía eléctrica”.
El Embajador Orlando Viera-Blanco cerró el evento enfatizando el principio compartido por todos los panelistas de la necesidad de un enfoque de minería sustentable y haciendo un llamado a Canadá y al mundo sobre un ecocidio donde confluyen crímenes de esclavitud de niños, mujeres y trabajadores, tratos crueles, palizas, mutilaciones y desapariciones; tráfico de cobalto, oro, minerales; mafias rusas, chinas, cubanas; terrorismo, grupos irregulares, y una inmensa devastación ambiental de un territorio más grande que Guatemala. En el Arco Minero “nuestros indígenas quedan desplazados y asesinados, y en definitiva, es todo un territorio donde va por libre la peste, la droga, la corrupción, la deforestación, el terrorismo y la muerte » […] « El mundo debe reaccionar a este emporio de maldad y crueldad, corrupción y devastación, el peor ecocidio de la historia de Latinoamérica y el mundo », concluyó el diplomático también activista de Derechos Humanos.
Estas denuncias serán presentadas a grupos de interés. Parlamentarios y autoridades del Gobierno y el Parlamento de Canadá, que han sido sensibles a esta problemática y a la crisis venezolana, informó el diplomático de Juan Guaidó en Canadá.
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