La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) emplaza al Estado venezolano cumpla de forma inmediata su obligación de garantizar la protección prioritaria y especial a los niños, niñas y adolescentes que habitan en La Victoria, Tres Esquinas, Arenales, Sector el 8 y Guafitas del estado Apure y que están siendo afectados y desplazados por el conflicto armado entre grupo irregulares y funcionarios militares y policiales venezolanos que fueron conocidosy difundidos en medios de comunicación social.
Situación que viene a sumarse a las múltiples violaciones a los derechos que los niños y sus familias padece debido a la Emergencia Humanitaria Compleja instalada en el país desde hace más de 5 años y a las consecuencias de la pandemia por la Covid-19. La desprotección y las amenzada a vida dejan a los niños y sus familiares sin más opciones que huir y abandonarsus comunidades asumientod los riesgos de realizar un cruce de frontera para buscar ayuda y protección que su país no les garantiza de forma plena y efectiva.
Venezuela, al suscribir y ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, de su Protocolo Facultativo para la Protección de Niños en conflictos armados y de otros y tratados de derechos humanos, debe manejar con extrema precaución el enfrentamiento en la frontera con Colombia entre grupos armados irregulares y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y garantizar la protección de la población civil, brindando cuidados y asistencia especial a la niñez como población con mayor riesgo de ser víctima de daños, lesiones, extorsión, reclutamiento, secuestro, explotación sexual, represión, detención arbitraria, persecución y otras formas de violencia por parte de funcionarios, quienes pudiesen vulnerar, entre otros, su derecho a la vida, a la integridad personal, a un nivel de vida adecuado y a no sufrir separación de sus padres y familiares.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) Colombia, el conflicto armado ha ocasionado el desplazamiento forzado de al menos 4700 personas, 1400 familias de las cuales 1700 son NNA. Aunque en la localidad de Arauquita en Colombia se han creado campamentos de desplazados, el gran número de quienes han huido y siguen huyendo supera de manera significativa su capacidad de respuesta por lo que han pedido el apoyo de organizaciones internacionales.
Preocupa sobremanera la denuncia hecha por el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en la que asegura que en la zona del conflicto se han colocado minas antipersonas. Como también causa preocupa la incorporación al enfrentamiento de las FAES y la PNB, en lugar de generar oportunidades para pacificar el lugar con medidas y acciones que promuevan el cese del conflicto y el retiro de los grupos armados irregulares actuando en el territorio.
Frente a hechos tan graves ocurridos en Apure, exigimos:
1. Garantizar que la actuación militar y policial en la zona cumpla con la normativa de respeto de derechos humanos, así como la protección prioritaria de la población civil, específicamente de niñas, niños y adolescentes, y que cesen los operativos bélicos para perseguir y reprimir a la población residente de estas comunidades.
2. Promover acciones a partir de las cuales sea posible plantear negociaciones que apunten al cese del conflicto armado en el menor tiempo posible.
3. Crear los mecanismos seguros para el retorno de la población venezolana que ha huido con base en el derecho internacional humanitario y con respeto a su dignidad personal.
4. Adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social de todas las niñas, niños y adolescentes víctimas de esta situación.
5. Exigir a las autoridades de Colombia cumplir con su mandato de protección internacional a los niños, niñas y familias que fueron desplazadas producto del conflicto armado y se les garantice el estatus de refugiado con los derechos y garantías que implica.
Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a toda la población de Apure, pero particularmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, a quienes acompañamos en esta situación tan dolorosa. Nos comprometemos a seguir exigiendo que los Estados asuman sus responsabilidades de protección humanitaria y de atención a las necesidades de salud, alimentación, refugio y bienestar general de las familias desplazadas, y que el Estado venezolano genere las condiciones para la pacificación y el retorno de la población desplazada a su hogar lo antes posible, brindándole el apoyo económico y social para la reintegración a sus comunidades de origen y la reparación de daños en los casos en que así sea necesario.
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