La enviada especial de la ONU a Birmania (Myanmar), Christine Schraner Burgener, alertó este miércoles de un «baño de sangre inminente» en Birmania por parte del Ejército golpista y pidió al Consejo de Seguridad «acciones significativas que puedan revertir el curso de los acontecimientos».
«Cuando miremos atrás dentro de diez años, ¿Cómo juzgará la historia esta inacción?. Espero que ustedes puedan actuar mientras aún hay tiempo para evitar el peor de los resultados», dijo Schraner en un discurso obtenido por Efe y pronunciado ante los miembros del máximo órgano de la ONU en una reunión a puerta cerrada.
En su exposición, Schraner dibujó un panorama extremadamente sombrío de la situación en el país, donde la represión de las fuerzas de seguridad ha causado la muerte de 520 civiles.
«Todo el país está a punto de convertirse en un Estado fallido», dijo la representante de Naciones Unidas, que también mostró su temor a que, «debido a que la crueldad militar es tan severa, las guerrillas étnicas birmanas podrían tomar una postura clara de oposición, incrementando la posibilidad de una guerra civil a una escala sin precedentes».
El Ejército de Arakan, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar firmaron un comunicado conjunto este martes en el que advirtieron al Ejército birmano de que si no detiene sus acciones violentas defenderán y colaborarán con el movimiento de protesta civil contra la junta militar.
Para Schraner, «los crímenes internacionales más graves y las violaciones del derecho internacional parecen estar ocurriendo a plena vista», una tendencia que considera «se volverá más sangrienta porque el comandante en jefe parece decidido a solidificar su control ilegal del poder por la fuerza».
Ante esta situación, la representante de la ONU insistió en la necesidad de una mediación, pero subrayó que los militares han cerrado la puerta al diálogo a la mayor parte del mundo en lo que, según Schraner, parece indicar que «los militares solo se involucrarán (en una mediación) cuando sientan que pueden contener la situación mediante la represión y el terror».
«Permaneceré abierta al diálogo y continuaré señalando esto, pero si simplemente esperamos a cuando estén listos para hablar, la situación en el terreno solo empeorará. Un baño de sangre es inminente», dijo antes de pedir que no se dé «legitimidad a su Gobierno» ni se reconozcan los intentos de los militares de crear una fachada de que todo sigue igual».
En este sentido, anunció que espera viajar la próxima semana a la región como continuación de sus «estrechas consultas» con miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
«Una respuesta internacional sólida requiere un pivote regional unificado, especialmente con países vecinos utilizando su influencia para la estabilidad en Myanmar. Creo firmemente que ningún país de la ASEAN u otros que comparten sus fronteras con Myanmar querrían un Estado fallido como vecino», declaró.
GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Schraner también pidió abordar la impunidad de los responsables y aseguró que la comunidad internacional se ha «mantenido al margen durante demasiado tiempo mientras se han vuelto a reproducir los patrones de violaciones de los derechos humanos y los crímenes internacionales más graves cometidos por el ejército de Myanmar».
«Hemos visto a este Ejército cometer graves violaciones de derechos humanos en el pasado y hemos prometido evitar que vuelvan a ocurrir», insistió antes de pedir a los quince miembros del consejo que «presten atención al llamamiento del Secretario General (de la ONU, António Guterres) para una respuesta internacional firme, unificada y resuelta».
Aunque gran parte de la comunidad internacional ha condenado con mucha dureza las acciones de los militares, el Consejo de Seguridad -el órgano de la ONU que puede imponer sanciones o aprobar el uso de la fuerza- se ha mostrado tibio hasta ahora, con varios países reacios a actuar contra las autoridades birmanas.
China y Rusia, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, figuran entre los Estados miembros que hasta ahora han preferido no denunciar el golpe de Estado del 1 de febrero.
En el pasado, Moscú y Pekín han protegido a las autoridades birmanas de posibles medidas por parte de la ONU, por ejemplo a raíz de la operación militar que en 2017 provocó un éxodo masivo de miembros de la minoría rohinyá y que fue calificada por Naciones Unidas como una «limpieza étnica».
EFE
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