Expertos consideran que la participación de las FAES en el operativo militar en el estado Apure solo causó mayores violaciones a los derechos humanos de esa población, además comprometió la operatividad castrense y el desempeño de los mandos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y puso en duda el apoyo a la institución por parte de Nicolás Maduro en operaciones de esta envergadura. Advierten sobre los riesgos de conceder beligerancia al organismo policial.
El traslado de efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hasta la zona de conflicto en La Victoria, estado Apure, pone el foco sobre la política fronteriza del gobernante Nicolás Maduro.
Los enfrentamientos en esa localidad de Apure comenzaron el pasado 21 de marzo, cuando pobladores locales avisaron sobre ráfagas de disparos desde helicópteros y enfrentamientos en el terreno contra supuestos integrantes de las FARC, la disidencia que abandonó los acuerdos de paz en Colombia para continuar en sus actividades terroristas y delictivas. Del lado venezolano, fueron oficiales de la Fuerza Armada Nacional (FAN) quienes se enfrentaron a los guerrilleros comandados por alias “Farley”.
Un día más tarde se pronunciaba el ministro de la Defensa, general en jefe (Ej) Vladimir Padrino López, sobre la captura de 32 supuestos combatientes, la muerte de dos oficiales venezolanos y un guerrillero identificado con el alias de “Nando”.
A pesar de informar que el operativo se mantenía con el control de la FAN sobre la zona, para supuestamente capturar a otros guerrilleros, dos días más tarde se envió un contingente de las FAES al estado Apure para “apoyar” en el conflicto. A partir de allí, iniciaron las denuncias de atropellos contra la población civil de la zona -que se ha desplazado hasta la localidad colombiana de Arauquita-, e incluso de la ejecución extrajudicial de cuatro miembros de una familia de El Ripial, a quienes se les señaló públicamente de guerrilleros en fotos difundidas por las redes sociales.
El 28 de marzo, Padrino López salió al paso de todas estas acusaciones y condenó que se haya dicho que en el operativo realizado en Apure “habíamos asesinado niños, quemado y metido en las casas, asesinado a la gente, atropellado; ese no es el comportamiento de la FAN, esa no es la conducta ética de la Fuerza Armada Nacional, estamos llamados a expulsar a cualquier grupo, de cualquier ideología, extranjera, llámense como se llamen”.
En esa rueda de prensa, el ministro de la Defensa nunca se refirió a la actuación de las FAES. Se mantuvo en su discurso de apego a la constitucionalidad de la FAN y aseveró que a la población de La Victoria se le estaban respetando sus derechos humanos, garantizando las investigaciones del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.
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