El exdiputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez denunció que cinco personas fueron ajusticiadas en el sector El Ripial y La Victoria en el estado Apure, descartando los enfrentamientos anunciados por el Ministerio de la Defensa.
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por Márquez estos ciudadanos fueron sacadas a las fuerzas de sus viviendas en el barrio 5 de Julio para luego ejecutarlos, tal y como ocurrió con la familia Ramírez Molina.
«Es la primera vez en la historia que en este tipo de hechos, hay cuatro miembros de una misma familia, el señor Emilio, padre; su esposa, Luz de Molina; su hijo, Yeferson, de 19 años; y el hermano de Emilio, Heiner Anzola Villamizar, quienes eran agricultores que trabajaban en la finca Los Caracaros» expresó.
Mostrando fotografías de los fallecidos, reveló que la casa donde vivían fue saqueada y destruyeron completamente por parte de los funcionarios las FAES en complicidad con la FANB.
El quinto ajusticiado es Julio Cesar Jiménez Millán, un exsoldado venezolano, quien prestó servicio en el Batallón Justo Briceño, en el estado Trujillo, pero por la crisis económica se trasladó a la frontera en búsqueda de mejores oportunidades.
«Tenía doble trabajo, en la mañana era panadero y luego laboraba en una quesera. A él se lo llevaron en las cercanías de la panadería Alí Primera, y ante esto hay testigos del caso, es por ello, que es responsabilidad del Estado la ejecución de estos prisioneros donde no hubo combate, todo fue fabricado y las pruebas simuladas» acotó.
Al analizar las gráficas, las botas, armamento, signos de tortura y tiros de gracia, muestran un «grotesco hecho punible por parte del grupo de las FAES, que a su vez es responsabilidad de Nicolás Maduro, ya que Michel Bachelet pidió la disolución de este grupo que sigue operando» expresó.
Para Márquez esta masacre se asemeja a la del Amparo en el año 1988, lo que a su juicio es más grave aún, pues en aquel momento no hubo bombardeos, saqueos, ni allanamientos.
«Frente a esta situación de terror la gente se fue a Arauquita, Saravena y Toledo, en Norte de Santander, por lo que consideramos que estamos en una situación de terror, donde el Estado con el pretexto de combatir la guerrilla se ha alineado con unos factores de grupos irregulares» acotó.
Advirtió que actualmente hay un brote de covid-19 en más de 100 personas en esta población, por lo cual exigió atención humanitaria para los afectados.
Con información de La Prensa de Táchira
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