Las condenas internacionales al gobierno y la Asamblea Legislativa de El Salvador por la destitución de magistrados y del fiscal general llevaron al presidente Nayib Bukele a reunirse el lunes 3 de mayo con representantes del cuerpo diplomático. ¿Su objetivo? «Dar la versión de Casa Presidencial» sobre lo ocurrido el fin de semana. Pero hubo un gran ausente: Estados Unidos.
Por Karla Arévalo- VOA
A los diplomáticos que asistieron Bukele explicó que las destituciones de los magistrados del Supremo se amparan en el artículo 186 de la Constitución de El Salvador, el cual dice que los magistrados podrán ser “destituidos por causas específicas, previamente establecidas por la ley”. La bancada oficialista “leyó 24 páginas de leyes” en las que se sustenta la destitución.
“Que alguien me explique por qué las condenas si la Constitución le da la facultad a la asamblea textualmente de nombrar y de remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional”, dijo el mandatario ante embajadores, jefes de misiones diplomáticas y representantes de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El 1 de mayo, con 64 votos a favor, ocho más de los requeridos por la Constitución salvadoreña, la Asamblea destituyó a los magistrados y al fiscal general por «poner en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida (de los salvadoreños)” durante la cuarentena nacional. Y al fiscal «por haber financiado de un partido político».
La Voz de América constató, mediante reportes de financistas de partidos políticos publicados por la organización Acción Ciudadana, que el exfiscal Raúl Melara Morán entregó al partido ARENA 1.500 dólares para la campaña del año 2014. Melara inició sus funciones el 6 de enero de 2019 e iba a concluir su período el 5 de enero de 2022.
«La Constitución no me permite a mí nombrar a un fiscal como se lo permite al presidente de Estados Unidos. A mí me hubiera gustado que fuese así, pero no. A nosotros nos obliga que lo haga la Asamblea Legislativa, y yo no conocía al 97% de los diputados que lo hizo”, agregó el presidente salvadoreño.
La Asamblea se amparó en el artículo 192 de la Constitución para destituir al fiscal. El artículo atribuye a la Asamblea esa competencia bajo “causas legales”. La bancada oficialista sustenta la decisión en que Melara carecía de independencia para asumir su cargo.
“¿Cómo vamos a pedirle a Biden que no cambie al fiscal general de Trump? Si en Estados Unidos, cuando llega un presidente nuevo, cambia el fiscal del gobierno anterior. Es su derecho. Que alguien me explique por qué las condenas”, concluyó.
La bancada oficialista salvadoreña se divide en 56 legisladores del Partido Nuevas Ideas, dirigido por Xavi Zablah Bukele, primo del presidente, y cinco legisladores de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido que llevó a Bukele al Ejecutivo. La oposición en la Asamblea se reduce a 20 legisladores.
Estados Unidos, el gran ausente
El encargado de negocios de Estados Unidos y jefe de la misión diplomática en El Salvador, Brendan O’Brien, no participó en la reunión. Sobre la ausencia, Bukele expresó: «Aquí está el 100 por ciento de la representación diplomática a excepción del encargado de negocios de Estados Unidos. Me preocupa (su ausencia) porque cuando uno solo tiene información de un lado lo más seguro es que va a estar equivocado en su conclusión”, dijo.
El exfiscal Melara fue el funcionario más cercano a Estados Unidos en la administración de Joe Biden. Se reunió en abril con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Asimismo, recibió, en El Salvador, al enviado especial del gobierno estadounidense para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.
Tras la destitución del fiscal y de los magistrados, Estados Unidos ha condenado, con un tono cada vez mayor, los hechos. La vicepresidenta Kamala Harris ha dicho que «el Parlamento de El Salvador actuó para socavar al más alto tribunal de la nación” y pidió a su gobierno “responder” ante los hechos.
Con el fiscal y los magistrados nombrados por la bancada oficialista, el Estado salvadoreño queda bajo el control del Ejecutivo. Por lo que Estados Unidos pide que esa decisión se revierta y se le dé “la independencia judicial” a la Corte Suprema de El Salvador.
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