El debate sobre las patentes de las vacunas de la covid-19, abierto por India y Sudáfrica en octubre de 2020 para acelerar la producción y así la inmunización de la población mundial, se ha acelerado tras el cambio de posición de EE UU, que ahora ha mostrado su apoyo a la suspensión temporal hasta que se alcance la inmunidad de rebaño en todo el globo.
La nueva posición de la Administración Biden-Harris, que ya cuenta con más del 45% de la población con al menos el primer pinchazo inoculado, traslada la presión a la Unión Europea, que defiende en cambio que la exención de la propiedad intelectual no solucionará los problemas de producción a corto y medio plazo y aboga por centrarse en compartir mayor cantidad de dosis (aumentar las exportaciones) y en incrementar la capacidad de producción.
Esta posición le parece “más razonable” al responsable del Área de Estrategia Comercial e Internacionalización del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Javier Maira Vidal, que considera que antes de liberalizar las patentes hay que “estudiar la capacidad real de producción de vacunas” e intentar llegar a acuerdos de licencia.
“Suspender los derechos de exclusividad de las patentes otorgando licencias obligatorias, en el caso de las vacunas de la covid-19, no me parece una medida suficiente porque no es fácil producir una vacuna, y menos la de Pfizer/BioNTech o Moderna, que se basan en la novedosa tecnología del ARN mensajero”, expone el también doctor en Ciencias Químicas y encargado de licenciar las patentes del CSIC.
Maira sostiene que Europa ha sido el territorio “más generoso del mundo”, mientras que EE UU y Reino Unido, que están por delante en la campaña de inmunización, “no han ayudado tanto a terceros países”, en concordancia con la tesis de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que ha interpelado a EE UU a empezar a exportar.
De acuerdo a los datos ofrecidos por Bruselas, la UE ha exportado unos 200 millones de dosis al resto del mundo, una cifra que supera ligeramente incluso el número de vacunas distribuidas entre los países miembros. “Suministramos al resto del mundo en la misma medida en que suministramos a los ciudadanos europeos”, afirmó la portavoz comunitaria.
“Simplemente con la liberalización de las patentes no se va a hacer nada. Se necesita una transferencia de conocimientos, poder fabricar las vacunas de acuerdo a los estándares internacionales de seguridad y ahora mismo los países del tercer mundo no disponen de capacidad para producción”, abunda Maira, que apunta que las farmacéuticas con vacunas aprobadas “ya compiten entre ellas” para producción al máximo, “pero no es tan sencillo”.
Reto: mapear la capacidad de producción
Con él discrepa la directora de la organización sin ánimo de lucro Salud por Derecho, Vanessa López, que considera que la posición de Von der Leyen es “ideológica” y “no responde tanto a un análisis técnico de la situación. La UE se ha puesto del lado de los intereses de las farmacéuticas desde el principio y a tenor de ello vemos lo mal que se han negociado los contratos de compra. Denunciamos el nacionalismo de las vacunas y el acaparamiento por parte de los países ricos. Llama la atención que ahora se llame a no cerrar las exportaciones para asegurar el suministro. Falta producción, no únicamente distribución. El suministro total es insuficiente”, subraya.
El reto ahora es mapear las fábricas con capacidad de producción de vacunas de la covid-19 en el mundo en un corto periodo de tiempo. “Ahora nadie sabe esta respuesta. Se está evaluando la capacidad real a medio y largo plazo. La lógica lleva a pensar que a día de hoy habría compañías que están en disposición de producir vacunas y que en cuanto se liberalizaran las patentes se sumarían al proceso”, añade López.
Desde Salud por Derecho plantean asimismo que, del mismo modo que se han destinado fondos públicos para el desarrollo y producción de vacunas por parte de las grandes -y “habituales”- compañías farmacéuticas de los países desarrollados, también convendría apostar por “descentralizar” la capacidad de producción de vacunas a nivel mundial, de cara a eventuales futuras pandemias, y fortalecer la capacidad de producción de países en vías de desarrollo.
El ARN mensajero, el ‘caramelito’
De entre todo el conocimiento a compartir, el más preciado sería el ARN mensajero, la tecnología empleada por Pfizer/BioNTech y Moderna para elaborar sus vacunas -y desarrollada por la científica húngara Katalin Karikó durante cuatro décadas-. El ARN mensajero enseña a las células a producir proteínas, sin introducir virus atenuados. Está diseñado para curar, no para inmunizar. Y podría emplearse en el futuro para desarrollar vacunas contra otras patologías como el cáncer o el sida. Maira reconoce que “es una tecnología con un gran potencial de cara al futuro”.
Preguntado por la posibilidad de liberar patentes de vacunas basadas en adenovirus -tecnología ya empleada en vacunas anteriores y en el caso de la covid-19, por empresas como Janssen y AstraZeneca-, el experto del CSIC afirma que “es más fácil de copiar y producir” porque las tecnologías son menos novedosas que el ARN mensajero.
Con todo, Maira recuerda que producir vacunas “no es nada sencillo”, pues las instalaciones han de cumplir condiciones “muy exigentes” y obtener el visto bueno de las agencias reguladoras.
Diferencia entre licencia obligatoria y voluntaria
Otra de las fórmulas planteadas para incrementar la producción de vacunas son las licencias voluntarias y las obligatorias. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, recoge la concesión de licencias obligatorias por motivos de interés general y por salud pública. Concretamente, en su artículo 96, recoge que “las solicitudes de licencias obligatorias presentadas en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública”, por lo que se tramitan a nivel europeo.
Según explica la directora de Salud por Derecho, las licencias obligatorias son las que un Gobierno emite -por real decreto en la legislación española- y obliga a una compañía a trasferir la tecnología y el conocimiento, aunque no esté de acuerdo, y a cambio recibe royalties. Por otro lado, las licencias voluntarias son acuerdos bilaterales establecidos entre compañías con terceros productores.
Sobre las licencias voluntarias, López señala que desde Salud por Derecho no comparten esta fórmula porque mantiene opacas las condiciones de las mismas, establecidas “a medida” de los intereses de la industria y no responde a los intereses reales de la situación de urgencia sanitaria.
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