“Roland Carreño es uno de lo más de 300 presos políticos que hoy se encuentran detenidos arbitrariamente, a la espera de juicio, en situaciones inhumanas y degradantes, que podría estar en riesgo de ser trasladado a unas prisiones controladas por el hampa, donde para comer y sobrevivir tienes que pagarle a los reos sin garantías de vida. Trasladar a un preso de conciencia a cárceles comunes como Yare II, Yare III o a Rodeo II significa sentenciar la vida de una persona cuyo único delito es exigir la libertad de su país y el restablecimiento de los derechos de su gente”, así lo aseguró el Director de Despacho de la Presidencia Encargada, Luis Somaza.
Asimismo, condenó el hecho de que “las prisiones a nivel nacional se encuentran en una grave situación de insalubridad, donde los presos mueren por el contagio de enfermedades y por la ausencia de atención médica”.
En este sentido, el dirigente político también resaltó el hecho de que “los reclusos también se mueren de desnutrición, cualquiera que pise una cárcel o vea los videos se da cuenta de que Maduro tiene esos espacios como unos mataderos, les dan de comer pasta sola o granos solos, violando el derecho a la alimentación de quienes allí se encuentran”.
“Cuando desde el Gobierno Encargado y la legítima Asamblea Nacional se denuncia que Maduro y sus funcionarios son criminales de lesa humanidad se hace con bases, la comunidad internacional hoy reconoce nuestra situación porque ya la dictadura no puede esconder la tortura y el abuso a los venezolanos. Lo mismo que come un preso, lo come un niño en el JM de los Ríos, pasta sola o granos solos, ese es el legado de la revolución: la injusticia, la impunidad, el hambre y la muerte”, enfatizó.
Es preciso recordar que, el llamado a la comunidad internacional y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre esta situación, fue generada por los diputados de la legítima Asamblea Nacional y por el presidente Juan Guaidó tras publicarse la medida en la Gaceta Oficial Número 42.125, donde se establece que el usurpado Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz tiene 30 días, partiendo del 12 de mayo, para trasladar a los presos políticos venezolanos a las cárceles a cargo de Servicios Penitenciarios.
“Esta nueva violación a los derechos humanos es una muestra del carácter criminal de una dictadura que castiga al que piensa diferente de la misma forma que a un asesino, con la diferencia, de que Maduro financia se beneficia del terrorismo y del hampa común mientras se enfoca en asesinar a la libertad de expresión, a los actores democráticos y a los venezolanos” finalizó Somaza.
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