Una investigación del Centro de Derechos Humanos de UCAB Guayana revela los patrones de explotación forzada, sexual y laboral, de niñas, adolescentes y mujeres en las minas. Dos de sus responsables explican la magnitud de estos hallazgos.
Kaoru Yonekura | Cincoocho.com
El Arco Minero no solo es un desastre ambiental en la región de mayor biodiversidad de Venezuela y donde más se debe producir agua dulce. No solamente está ayudando a regar la malaria por el país. No solamente está trayendo conflicto, violencia, enfermedad y explotación a las comunidades indígenas. El Arco Minero también está consolidando patrones de sometimiento sexual y laboral a niñas, adolescentes y mujeres venezolanas que solo pueden llamarse esclavitud.
El jueves 20 de mayo, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana, presentó el informe Formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar, fruto de una investigación diseñada y coordinada por Eumelis Moya (coordinadora del Centro) y Beatriz Borges (directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ).
Este informe es el primero del CDH UCAB Guayana en abordar la esclavitud moderna en el estado Bolívar con una perspectiva sensible al género, y el penúltimo de los que serán los cuatro informes, dedicados a la investigación de esta problemática en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
La investigación para esta publicación nació como respuesta a la falta de datos oficiales, y comenzó apenas fue creada la oficina del CDH UCAB Guayana en 2019, con el propósito de identificar y monitorear las denuncias en el estado Bolívar, sobre todo de aquellas vinculadas a la explotación laboral y sexual de mujeres, adolescentes y niñas en los municipios del sur del Arco Minero, así como de diversas prácticas de violencia extrema en contra de la mujer que, en definitiva, son una regresión de todos los derechos. De hecho de la sociedad entera: Naciones Unidas mide el desarrollo de un país según el disfrute de los derechos fundamentales de sus niños y sus mujeres, entre otros indicadores.
Moya y Borges reflexionan sobre los hallazgos que dan cuenta de la violencia persistente por razones de género, en mujeres entre 12 y 35 años, asociada no solo con la explotación ilegal de recursos naturales en un estado controlado entre un 30 % y un 50 % por grupos armados irregulares y del Estado, sino también por el rezago estructural y cultural histórico del país, que se intensifica en la emergencia humanitaria compleja. El reporte, además, evidencia la negligencia y falta de efectividad de los sistemas de justicia del Estado para proteger a la mujer, a las adolescentes y a las niñas, pese a que estos dos últimos grupos son la mayoría de las víctimas de prostitución forzada, a veces directamente por efectivos militares.
Este informe fue elaborado siguiendo una metodología descriptiva, cualitativa y logró hacerse en campo, en la realidad de los lupanares y currutelas, ¿cómo fue posible?
Moya: cuando hicimos la primera investigación en 2019, logramos establecer un mapeo de actores clave por experiencia y ubicación, procurando que los datos que nos suministraban se apegaran a la realidad. Así que pudimos visitar toda la carretera Troncal 10 y las localidades de Tumeremo, Guasipati, El Callao, incluso Santa Elena de Uairén, y tener los testimonios de víctimas, sobrevivientes, mineros y personas que participan en grupos irregulares. Hicimos monitoreo de todos ellos y también entrevistamos a otras organizaciones que trabajan en estas zonas.
Llama la atención que es un informe con enfoque género-sensitivo, ¿por qué una investigación con este tipo de abordaje?
Borges: es entender que los problemas y las afectaciones son diferentes en hombres y mujeres por los patrones de discriminación y desigualdad. Cuando ves las prácticas de esclavitud moderna en este informe, ves patrones de género: el 99 % de las víctimas de explotación sexual son mujeres bajo mecanismos de relaciones de control, poder, jerarquía y en un ambiente de violencia por control territorial. Incluso se ven los patrones de estereotipos: el hombre ejerce el control y las mujeres están destinadas a las labores de cuidado, de la cocina y de limpieza. Justamente porque no existen estos análisis diferenciados, no vemos cómo ellas están afectadas y al no verlo, no hay protección y no veremos que debe haber políticas centradas en ellas, en su protección y en la garantía de sus derechos.
¿Otros hallazgos relevantes?
Borges: ¿Cómo la relación intrínseca entre los estereotipos patriarcales, la violencia generalizada por el control territorial y la minería ilegal facilitan las prácticas vinculadas a la trata, la explotación sexual y la prostitución forzada? Lo resumo en una frase que está en el informe, que dijo uno de los entrevistados: “A la minería hay que echarle ron y putas para que se produzca más oro”. Esto demuestra cómo estas relaciones están tan normalizadas en la cultura de estos lugares que terminan siendo terreno fértil para que el sometimiento y la opresión ocurran en completa impunidad.
Moya: insisto en esto: el tema debe trascender lo anecdótico. Hay que desmitificar la prostitución como si fuese una actividad cuando, por ser forzada, las mujeres son víctimas de trata. Las situaciones recogidas en el informe son temas de explotación laboral y de afectación de derechos. En las minas a cielo abierto también encuentras mujeres subiendo y bajando personas en el hoyo de extracción, cargando sacos de materiales de 45 kilos en adelante, expuestas a los gases de la extracción y a las aguas contaminadas con el mercurio. En los complejos industriales, aunque las infraestructuras sean más aceptables, están las cocineras con tiempos y cantidades de preparación abusivos. Las minas son lo más cercano a empresas de producción continua. Una jornada de extracción no dura menos de ocho a doce horas y si no se da, no se come. Así que el ritmo que marque la jornada también marca todos los demás trabajos asociados al proceso.
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