A las 6:30 de la tarde del viernes 7 de junio de 2019 fue el último contacto. En Puerto Agüide, municipio Piritú del estado, Falcón en la costa noroccidental de Venezuela, 32 pasajeros y 3 tripulantes abordaron un peñero «trompa de ballena» con dos motores fuera de borda, para hacer el recorrido de 85 millas náuticas e ingresar ilegalmente a la vecina Curazao. Huyendo de la crisis venezolana, cada uno de pasajeros habría reunido hasta 400$ para garantizarse un puesto en la embarcación que los conduciría hacia lo que creyeron un mejor destino.
«Nuestros familiares tomaron la mala decisión de irse a Curazao, había 10 mujeres en la embarcación y 3 adolescentes de 14, 16, y 17 años de edad», recuerdan los familiares de los pasajeros del peñero, cuyo nombre y matrícula aún no están del todo claros.
Dos años después de estos hechos, 33 personas que iban a bordo del bote continúan desaparecidas. Pese a que el incidente fue calificado inicialmente como naufragio, hasta ahora solo se ha encontrado el cuerpo Elio Ramones (45), uno de los pasajeros del peñero, que fue hallado muerto por las autoridades de Curazao el domingo 12 de junio en la zona de Bullenbaai (Bahía de Bullen), al sur de la isla.
Quince de las 33 personas siguen desaparecidas. Los familiares de los desaparecidos informaron a Provea que el Ministerio Público y los Tribunales tampoco han actuado diligentemente para investigar los hechos y determinar responsabilidades. Añaden que los tripulantes de la embarcación y miembros de cuerpos de seguridad de la región, estarían involucrados en delitos relacionados con el tráfico de personas.
«Hasta ahora hay dos personas detenidas conocidas como los hermanos «Picapiedras» por su supuesta vinculación en los hechos, pero ha habido 8 diferimientos para celebrar la audiencia preliminar y una increíble incompetencia por parte de los fiscales del Ministerio Público. Entre los delitos está la Trata de Personas, sin embargo, la investigación continúa, ya que estas personas fueron agarradas al inicio del caso gracias a insumos e indicios que proporcionamos los familiares de los desaparecidos a las autoridades, pero tampoco sabemos las diligencias de rastreo y búsqueda de nuestros parientes».
Un denominador común
Según la ONG Fundaredes, al menos 150 personas desaparecieron tras abordar tres embarcaciones en 2019. Los familiares de los desaparecidos se han organizado en el Comité Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada en Altamar, para promover acciones de exigibilidad y solidaridad entre los afectados.
Las semejanzas entre los tres casos de desapariciones en altamar ocurridos durante 2019, cimientan las sospechas de los familiares sobre la existencia de una red vinculada a la trata de personas, que se aprovecha de cientos de personas que huyen del hambre y la pobreza en Venezuela.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, alertó en noviembre pasado que los riesgos para los migrantes de América Latina habían aumentado durante 2019, al punto de convertirlo en el año más mortal para quienes cruzan las rutas migratorias del continente.
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