Venezuela contabiliza seis años que fue cerrado el paso vehicular hacia Colombia, y un año y dos meses desde que trancaron los accesos peatonales por los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unión, en Táchira. A pesar que el 2 de junio el vecino país abrió los pasos peatonales fronterizos, el régimen de Nicolás Maduro sigue reacio a habilitarlos, pero la medida no ha frenado el flujo migratorio ni el tránsito regular entre personas que viven en el estado andino y que estudian, trabajan, compran alimentos, medicinas, mercancía o hasta cobran remesas en Colombia.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
Las opciones para salir se resumen a tomar pasos irregulares o trochas que han proliferado. Según el presidente de la organización de Derechos Humanos FundaRedes, Javier Tarazona, hay más de 500 trochas en los 2.219 kilómetros de frontera, y se dividen en: más de 250 en Táchira, 180 en Zulia y 120 por Apure. «Estos pasos irregulares permiten el financiamiento de la guerrilla de las FARC y el ELN, así como de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios del Gobierno», denunció en su cuenta de Twitter el 7 de enero.
En estos caminos selváticos, desde niños hasta adultos mayores pueden ser víctimas de vejaciones, violaciones, secuestros y hasta encontrar la muerte en medio de un enfrentamiento de grupos armados terroristas, o por alguna desgracia natural, como la crecida de un río.
La primera vez que Martha Medina, habitante de San Cristóbal, pasó por una trocha sintió ganas de llorar. «Iba sola y por un momento cuando estaba en La Invasión (San Antonio del Táchira) me vi perdida, sin saber por cuál camino andar para conseguir el puente por donde se pasa el río que llega a La Parada (Colombia)», relató.
Estos caminos ilegales datan de hace años, siempre han sido utilizados por personas para evadir controles de las autoridades militares, migratorias, policiales y aduaneras de ambos países, al movilizar mercancía de contrabando de extracción.
Alexander Campos, doctor en Ciencias Sociales y director del Centro de Investigaciones Populares, sostiene que las trochas «son territorio de nadie». Espacios donde hay ausencia total del Estado de derecho, porque tanto Venezuela como Colombia han perdido su dominio, orden y convivencia. «En algunos casos por negligencia, en otros por conveniencia sobre lo que ahí sucede», resaltó. Al cruzarlos, las personas quedan a la «buena de Dios», porque dentro se vive una verdadera guerra. Los enfrentamientos entre guerrilleros son permanentes por dominar la cantidad de negocios ilícitos que ahí se registran, como contrabando, extorsión, narcotráfico, microtráfico y trata de personas.
Campos sostiene que aunque todas las trochas son peligrosas, cada una tiene su particularidad. Las de Táchira están marcadas por ser donde transita el mayor número de personas. Las más violentas son las de Zulia, límite con el departamento colombiano de La Guajira, en Maicao. «Allí se registran agresiones directas contra los emigrantes o transeúntes. Estas trochas las controla la etnia Guajira que impone su ley. Han llegado a secuestrar a venezolanas para que trabajen para ellos o que sean sus mujeres», resaltó.
Las trochas de Apure, pasos fronterizos que colindan con los municipios Arauca o Arauquita del país neogranadino, se identifican por los ataques constantes entre grupos paramilitares y el ELN por dominar el contrabando de combustible o de minería ilegal. Tanto en este estado llanero, como en la Sierra de Perijá en la región zuliana, la guerrilla ha desplegado minas antipersonales que son mortales para las personas que transitan por el lugar.
«De manera que negar el paso peatonal humanitario es negar la dignidad humana, es negar los derechos que hoy los ciudadanos en Venezuela no tienen garantizados», apuntó Tarazona en la red social.
Negocios ilegales
Estos territorios sin ley son custodiados además por «trocheros», personas que se encargan de cobrar una tarifa en pesos colombianos o dólares para permitir el tránsito.
«Los trocheros se encargan de cobrar por la movilidad de las personas, de ese monto una parte es entregada a los grupos armados que tienen el control absoluto de estos espacios», explicó Alexander Campos, doctor en Ciencias Sociales.
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