La pérdida de valores éticos en las instituciones; los bajos sueldos que devengan los trabajadores del Estado y la falta de políticas públicas efectivas y transparentes en Venezuela, están haciendo que durante la pandemia empeore la emergencia humanitaria compleja y proliferen negocios de corrupción por cada necesidad que tienen las personas en materia de servicios y atención médica.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
Sociólogos sostienen que tanto la reventa de las vacunas anticovid, como de fármacos, así como el cobro excesivo que aplican funcionarios militares para poder privilegiar a conductores que pagan por no hacer colas en las estaciones de servicio, o las prebendas que solicitan a transportistas de alimentos para que puedan pasar las alcabalas, son prácticas cada vez más recurrentes que reflejan la descomposición social en la que está inmersa la nación, y una carencia total del Estado de derecho.
«Estas prácticas conspiran contra el derecho a la vida, sobre todo si se trata de temas tan sensibles para la población como un plan de vacunación contra el coronavirus que priorice al personal de salud y a las personas de alto riesgo», comentó Nelson Fréitez, sociólogo y coordinador de la Red de Derechos Humanos de Lara.
«Cuando tú corrompes a una sociedad es más fácil controlarla, porque esa sociedad está inmersa en una situación de complicidad. Esta realidad se está dando en Venezuela porque tenemos un bajo capital cultural que se ha vinculado con la deformación a la pérdida de valores, pero también a un bajo capital económico que impulsa lamentablemente a que aparezcan formas de delitos como una manera de subsistencia, cuestión que por supuesto antes se hacía de forma implícita, y ahora es en forma descarada», indicó Dioni Salas, sociólogo y docente de la cátedra Problemas Socioeconómicos de la Universidad de Oriente, en el estado Sucre.
Según el diputado de la Asamblea Nacional electo en 2015, José Trujillo, la Comisión de Salud ha recibido graves denuncias sobre la reventa de la vacuna anticovid en los principales centros de salud pública del país y hasta en casas particulares. «Llegan a cobrar hasta 200 dólares por las dos dosis, pero al momento de solicitarle a las personas que formulen la denuncia ante el Ministerio Público, les da miedo, se cohíben de certificar su denuncia por temor a represalias», comentó.
Sostiene que en el mercado paralelo de las vacunas lo viene incentivando el propio Gobierno, cuando a la fecha no ha informado un esquema de vacunación siguiendo los protocolos de la OMS. «Aquí vacunaron primero a Maduro, después a los ministros, después a los gobernadores, alcaldes, miembros de las UBCh y PSUV. En estados como Aragua, apenas el sábado 12 de junio fue que arrancó el proceso de vacunación para los médicos y enfermeras», denunció, el parlamentario José Trujillo, quien es oriundo del estado Aragua.
Dioni Salas, sociólogo, alega que la única manera de vencer estos procesos de corrupción en el país es que se establezca un estricto cumplimiento de la ley, de la Constitución. «Debe caer preso toda personas implicada en estos delitos dolosos, independientemente del rango que tengan», mencionó. A su vez cree imprescindible que se democratice el proceso de distribución de bienes y servicios del Estado.
«En el caso de fármacos, vacunas y combustible, la empresa privada le ha pedido al Estado que le permita importar fármacos, poder participar en el negocio de la gasolina, pero el Estado se ha negado. El sector privado puede coadyuvar para que haya mejor suministro y controles», apuntó.
Viveza desatada en gasolineras
Marielba Sosa, comerciante, lleva siete días viviendo en una cola de gasolina a las afueras de la estación de servicio San Luis, en la avenida Bracamonte del este de Barquisimeto. Sostiene que ha sido «descarada» la manera cómo militares que controlan la distribución de gasolina cada vez que llegan las cisternas de Pdvsa hacen pasar a personas que van en camionetas o carros de lujo sin hacerlos esperar, simplemente porque les pasan de 10 a 30 dólares en las denominadas colas VIP.
«El domingo 13 de junio llegó un cisterna de Pdvsa, sólo pasaron a 100 personas en la cola, pero sí pasaron a 200 vivos que se colocaron en la VIP, algunos tenían camioneta rotulada del Estado, otros eran gente con plata», exclamó.
Dioni Salas, sociólogo, apuntó que en estaciones de servicio de Caracas, como de Sucre, ha habido denuncias que son controladas por colectivos, articulados con militares para cobrar de más por la gasolina escasa.
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