Un congresista electo peruano pidió que se anulen las elecciones celebradas en abril y junio, así como la convocatoria de nuevos comicios, en medio de los reclamos del equipo de Keiko Fujimori, que fue superada en el ballotage por el izquierdista Pedro Castillo según el conteo oficial al 99,993%.
Por Infobae
El almirante retirado Jorge Montoya, electo por el partido ultraderechista Renovación Popular y quien fue el segundo candidato más votado para el Congreso (por detrás del ex presidente Martín Vizcarra, posteriormente inhabilitado), hizo eco de las denuncias de Fuerza Popular y expresó en Twitter: “Nuevas elecciones con auditores internacionales durante todo el proceso, nuestro sistema electoral ha sido vulnerado por dentro y fuera, ya no brinda confianza”.
También, exigió la renuncia de los líderes del Jurado nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a quienes ha prometido investigar cuando asuma su nuevo puesto, pese a que no existen pruebas de irregularidades sistemáticas en los comicios.
El ex comandante general de las Fuerzas Armadas (2007-08) consideró que un nuevo proceso “sería la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”, ya que el nuevo gobernante no tendría legitimidad.
No obstante, la postura no tiene asidero jurídico y Montoya podría ser acusado de sedición, al impedir el resultado de un proceso electoral. El artículo 45° de la Constitución vigente indica: “El poder del Estado emana del pueblo. (…) Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición”.
La Constitución también indica que solo existen dos motivos para declarar la nulidad de un proceso electoral: cuando los votos blancos o vicaidos superen en dos tercios a los votos válidos o cuando se anule la votación en tantas circunscripciones que superen un tercio de la votación nacional válida.
Hasta la mañana del martes, con el 99,985% de actas contabilizadas, Castillo mantiene una ventaja de 44.816 votos sobre Fujimori, una distancia de 0,254 puntos procentuales. Solo queda revisar 13 actas de mesas por el Jurado Nacional de Elecciones (de hasta 300 electores cada una), mientras los Jurados Electorales revisan los cientos de pedidos de nulidades. Hasta el momento, de más de la mitad, ninguna ha sido admitida (la mayoría por haber sido presentadas fuera de plazo), por lo que matemáticamente es imposible que Fuerza Popular revierta el resultado bajo las normas actuales.
Adriana Urrutia, presidente de la ONG Transparencia, declaró este martes a Radio Nacional: “No hay evidencia para poder hablar de ningún tipo de fraude sistemático. Creo que hay que culminar el proceso electoral que ya ha ocurrido y respetar la legitimidad de este proceso como punto de partida para que los ciudadanos sigan confiando en la democracia”.
De todas formas, Montoya no es el único que ha solicitado una nueva elección para evitar un gobierno de Perú Libre. También se pronunciaron en línea similar los ex congresistas Víctor Andrés García Belaunde (del partido Acción Popular) y el aprista Jorge del Castillo, con una estrategia que ha sido comparada con la que esbozó el Partido Republicano tras la derrota de Donald Trump. El fujimorismo, además, solicitó el lunes una auditoría de todo el escrutinio, lo que sería una nueva dilatación del proceso.
Por su parte, el presentador Phillip Butters llamó directamente a una rebelión, ya que instó a los televidentes de la cadena Willax a “tomar Palacio de gobierno en acto pacífico”. Así explicó su plan: “Entras a Palacio. No hay un policía que va a oponer resistencia. Los húsares de Junín (regimiento del Ejército) no se van a poner de frente. La gente va a entrar caminando. Y lo sacas en pijama a (Francisco) Sagasti”.
El lunes, el Ministerio de Defensa rechazó un comunicado firmado por ex altos mandos militares que apoyaban las denuncias de fraude y pedían la desittución del presidente del JNE. Según indicó la respuesta oficial, las Fuerzas Armadas “son instituciones respetuosas del orden constitucional y no son deliberantes”, y señaló que tomará acciones legales por la carta que llevó “indebidamente los emblemas” de las instituciones castrenses. “Lamentamos el uso político de las Fuerzas Armadas, ya que ello no solo mella su institucionalidad, sino que genera zozobra y división en momentos en los que el país requiere unidad”, indicaron.
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