El régimen de Daniel Ortega, dictador que maneja el poder en Nicaragua desde 2007, ha emprendido una indisimulada persecución contra la oposición para despejar cualquier obstáculo que se interponga en su camino hacia un triunfo en las elecciones de noviembre hacia su cuarto mandato consecutivo, pero la campaña contra la disidencia está lejos de ser nueva, ya que las voces críticas vienen siendo perseguidas desde hace años.
Por Infobae
2014: Cambio constitucional clave
Si su primera reelección (2011) había sido polémica por la interpretación constitucional, esta vez el legislativo le allanó el camino para que no queden dudas. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó a inicios de ese año una reforma clave para las aspiraciones de Ortega, quien ya había gobernado al país entre 1985 y 1990 y coordinó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1985).
El Congreso, de amplia mayoría oficialista, eliminó el límite de mandatos, habilitando así la reelección indefinida.
2016 – El matrimonio todopoderoso
La primera dama, Rosario Murillo, que siempre estuvo implicada en la política, anunció su candidatura a la vicepresidencia como compañera de fórmula de su esposo. La oposición advirtió que sería el inicio de “una monarquía” e incluso desde el sandinismo criticaron que no se respetaba el liderazgo histórico del movimiento.
La campaña fue muy desigual. Cuatro meses antes de la votación, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua retiró de su cargo al diputado líder del Partido Liberal Independiente. Cuando 16 legisladores rechazaron la medida, el tribunal ordenó la destitución de todos ellos. También en junio, Ortega anunció que no se permitiría la observación internacional para supervisar las elecciones.
En noviembre, el sandinismo ganó la reelección con el 72% de los votos.
Meses después, Estados Unidos sancionó al presidente del Consejo Supremo Electoral, acusado de perpetrar un fraude en las elecciones de 2006 y 2011 en las que Ortega consolidó su poder.
2018 – Protestas y la más violenta represión
El panorama económico ya era sombrío. Lejos del crecimiento mostrado en los años previos, las estimaciones privadas advertían de un crecimiento de la pobreza de hasta casi 10 puntos.
En abril de 2018, el gobierno publicó un paquete de reformas previsionales que abrió una inesperada ola de protestas. Lo que comenzó como una manifestación estudiantil se extendió a todo el territorio nacional con la adhesión de diversos gremios, incluso algunos que estaban alineados con el sandinismo, expresando un fuerte descontento que no se había manifestado anteriormente.
La violencia en las protestas alcanzó niveles no vistos en décadas en el país.
En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó durante cuatro días el país con autorización de Ortega, publicó un informe titulado “Graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”.
En julio, luego de tres meses de protestas, el régimen aprobó la Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que fue denunciada como una criminalización de la protesta pacífica. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el hecho y destacó que la ley fue aprobada por un Congreso “casi totalmente controlado por el gobierno”.
A inicios de agosto, tras poco más de 100 días de manifestaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó 317 víctimas fatales en el marco de las marchas y los enfrentamientos. Además, advirtió de la “consolidación de una tercera fase de la represión consistente principalmente en la persecución y criminalización selectiva y masiva de manifestantes, defensores de los derechos humanos, estudiantes, líderes sociales y opositores del gobierno”. Para noviembre, la cifra de muertos se elevaría a 357. Además, se denunció el encierro de más de 550 presos políticos y la migración de 50.000 nicaragüenses refugiados en Costa Rica.
El régimen comenzó a quedar cada vez más aislado, en rechazo a los organismos internacionales. En agosto, la Asamblea aprobó una resolución de condena a una comisión de la OEA, con la cual no se permitía el ingreso al país del Grupo de Trabajo que buscaba facilitar un diálogo entre las partes.
La persecución ahora se enfocó en las ONG, vistas por el sandinismo como una herramienta de presión internacional que afectaba sus intereses. En diciembre, la mayoría oficialista parlamentaria aprobó la cancelación de la personería jurídica de varias organizaciones, entre ellas la del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y la del organismo Hagamos Democracia.
Así lo reportó el balance de Amnistía Internacional: “Desde que en el 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el gobierno no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica”. El reconocido organismo denunció el acoso a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes “viven un ambiente de permanente hostigamiento por parte de las autoridades”.
La persecución también golpeó al periodismo. La sede de Confidencial, de la revista Niú y de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, ubicada en una zona céntrica de Managua, fueron tomadas por asalto por la Policía Nacional.
Una semana después, la policía asaltó el canal de televisión por cable 100% Noticias, lo sacó del aire, y apresó a su director Miguel Mora y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau.
Corrupción generalizada con ayuda de Venezuela
También en 2018, el Índice de Percepción de Corrupción, realizado por Transparencia Internacional, ubicó a Nicaragua como el segundo peor país de la región en la materia, por detrás de Haití y únicamente delante de Venezuela, con un puntaje de 25 sobre 100 y en el puesto 152 de 183 países evaluados.
Por su parte, en el mismo año, el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, liderado por la ONG local Hagamos Democracia, indicó que durante el gobierno de Daniel Ortega se reportó un incremento “en casos de gran corrupción, corrupción administrativa y pequeña corrupción”
En el plano personal, uno de los escándalos más graves es el de la denuncia de Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra del mandatario, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de ella y señaló a su madre, la vicepresidente Rosario Murillo, por encubrir los vejámenes.
La pareja presidencial, además, ha otorgado altos cargos públicos a varios de sus hijos, algunos con rango ministerial, y otros encargados de millonarios negocios del Estado. Estimaciones privadas señalan que la familia suma una fortuna superior a los 3.000 millones de dólares.
Una presunta fuente de irregularidades del gobierno es la asistencia económica de Venezuela, que se ha reducido en los últimos años por la crisis que afecta a ese país. Según el Banco Central, entre 2008 y 2015 la cooperación proveniente de Caracas superó los 4.000 millones de dólares, administrados por la empresa privada Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), que no rinde cuentas públicas.
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