El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, presentó los resultados de la encuesta que realizó el Observatorio Digital de la Productividad de ese organismo en el que 90% de las empresas encuestadas revela que afronta problemas para adquirir diesel para sus procesos productivos y 76% afirma haber invertido o comprado combustibles a través de medios no convencionales que no son el suministro subsidiado gratuito ni la venta en divisas al precio de 50 céntimos de dólar por litro establecido por el Ministerio de Petróleo.
“El mercado negro de combustibles es una realidad porque parte de quienes deterioraron la industria petrolera en los últimos años y por la restricción del swap o intercambio de diesel”, dijo Cusanno. “Esta posición de buscar solventar los problemas de la restricción de los swap es exclusivamente para favorecer el desarrollo de la economía con un impacto positivo en lo social. No es para darle oxígeno a fulano o a mengano como se quiere hacer ver por parte de quienes mantienen una retórica muy simplista y muy cuadrada con gríngolas”, agregó.
El presidente de Fedecámaras recordó que no existe una decisión expresa del gobierno de los Estados Unidos que prohíba a una empresa transnacional intercambiar combustibles por petróleo crudo con Petróleos de Venezuela (PDVSA) pero si hubo señalamientos de que funcionarios de que el gobierno de Donald Trump habían solicitado a empresas petroleras como la italiana ENI, la española Repsol y la india Reliance a que se abstuviera en participar en ese tipo de operaciones.
“Con respecto a los swap de diesel, lo que hubo fue una restricción verbal que se hizo en algún momento y el miedo es libre. Si no se resuelve esta situación se da una mayor posibilidad a los mercados negros de actuar y se mantiene la imposibilidad de la empresa privada de poder desarrollar su actividad. Se lo hemos dejado saber a la comunidad internacional y a los actores que sienten que profundizando ese camino de sanciones pueden obtener o lograr cambios políticos. También se lo hemos expresado a los actores del Gobierno”, señaló Cusanno.
“Tengo la expectativa de que haya un momento de lucidez, claridad y coherencia para con la ciudadanía para quienes han propuesto estas acciones y a quienes les toca tomar las decisiones de logística en las políticas públicas porque esto no es un compromiso exclusivo de quienes colocaron las sanciones ni de quienes la promovieron, sino que también es del buen uso de la transparencia y la rectitud en el uso de los recursos por parte de quien ostenta los símbolos del poder”, añadió.
El representante del máximo organismo gremial del empresariado en Venezuela señaló que no han recibido respuestas por parte de los representantes de la administración de Maduro en lo que se refiere a la normalización de los suministros de combustibles ni tampoco por parte de las autoridades estadounidenses o de dirigentes de la oposición venezolana con respecto a una flexibilización en la política de sanciones. “Lamentablemente las respuestas terminan reflejándose en conceptos políticos y la conflictividad política sigue prevaleciendo ante la sensatez”, señaló.
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