La Policía de Nicaragua rechazó este miércoles una petición humanitaria para que un grupo de 15 líderes y trabajadores de una ONG, capturados en una reciente ola de arrestos contra disidentes, puedan tener contacto con sus abogados y familiares, denunciaron sus representantes legales.
EFE
Esposas, hermanas, sobrinas, e hijos de los llamados “presos políticos” se presentaron a la sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, para solicitar ver a los detenidos, pero fueron rechazados por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales y antimotines.
“Hemos ido a los Juzgados a tratar de interponer recursos para visitas, para que tengan derecho a tener contacto con el exterior, para que se les garantice el derecho a una audiencia privada y una defensa con un abogado de su elección, sin embargo nos niegan eso en el Poder Judicial, venimos acá y aquí nadie nos quiere recibir absolutamente nada”, dijo la hermana de la dirigente opositora Tamara Dávila Vijil, Ana Álvarez Vijil, en rueda de prensa improvisada.
Debido a que las autoridades no han informado del paradero ni el estado de salud de los reos, en su mayoría investigados por delitos considerados “traición a la patria”, sus familiares los consideran “desaparecidos”. También los clasifican como “secuestrados”, ya que sus arrestos supuestamente se dieron al margen de la ley.
“Nos siguen violando y coartando nuestras libertades y las libertades de nuestros familiares que tienen hasta 39 días detenidos, secuestrados, ilegal y arbitrariamente”, afirmó Álvarez, quien fungió como portavoz de los denunciantes.
«COLUSIÓN INSTITUCIONAL»
Los familiares de los convictos alegaron que la Constitución de Nicaragua garantiza que las personas sean consideradas inocentes mientras son investigadas, y que tienen derecho a visitas de abogados y allegados, sin embargo, se quejaron del trato de las autoridades.
“Es muestra de la colusión institucional que existe y cómo las distintas dependencias de lo que debería ser el sistema de justicia está al servicio del régimen y la dictadura, y todas las instancias están coludidas, la Policía, el Poder Judicial, la Defensoría Pública, la Procuraduría”, sostuvo Álvarez.
Los denunciantes se identificaron como familiares de las dirigentes opositoras Dávila Vijil, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, y Violeta Granera, la exguerrillera sandinista disidente Dora María Téllez, los aspirantes a la Presidencia Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.
La inquietud, expresada en una carta ante la Policía nicaragüense, también fue firmada por familiares de los exvicecancilleres José Pallais, Víctor Hugo Tinoco, y el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
Asimismo firmaron los familiares del cronista deportivo Miguel Mendoza, de los trabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro Walter Gómez y Marco Fletes, así como del conductor de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez.
Al menos 21 personas consideradas opositoras han sido capturadas en el marco de las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección.
En dichos comicios Ortega se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política nicaragüense.
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