El presidente de Colombia, Iván Duque, reaccionó este miércoles al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomienda a su Gobierno separar las funciones de la policía del Ministerio de Defensa para así «garantizar» el respeto a los derechos fundamentales.
«Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad, nosotros hemos sido un gobierno, como se lo exhortamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía», expresó Duque en declaraciones divulgadas por la Presidencia de Colombia en Twitter.
El mandatario colombiano defendió la actuación policial contra «los actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad» y «los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos», pues según él, «merecerán siempre el tratamiento que la constitución y la ley les otorgue».
La respuesta de Duque deja claro que no acepta del todo las observaciones y recomendaciones que hizo el ente adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) en un extenso documento con 187 puntos, donde se advierte que han encontrado discordancias entre la información presentada por el Estado con la ofrecida por las organizaciones sociales y las víctimas de los abusos policiales.
Dos puntos claves
La cancillería colombiana emitió un comunicado de prensa en el que rechaza dos puntos claves sugeridos por la CIDH para mejorar la situación en el país, y asegura que los organismos policiales recurrieron al uso de la fuerza solo en casos «excepcionales».
Uno de los puntos rechazados fue la petición de la CIDH de crear un «Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad», pues según la diplomacia colombiana, «el Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos», por lo que no consideran necesario tal «mecanismo de seguimiento».
Otro punto negado por el Gobierno de Duque ha sido «la posibilidad que plantea la CIDH de separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa», en vista de que consideran que «la preocupación de la Comisión acerca del enfoque militar» de la policía, «resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico» de la Constitución colombiana.
La CIDH visitó Colombia a mediados de junio para atender las denuncias sobre los abusos policiales cometidos durante las protestas antigubernamentales que comenzaron el 28 de abril, entre los que se inscriben casos de asesinatos, abusos sexuales, torturas, desapariciones forzadas y persecución política, que podrían ser calificados como crímenes de lesa humanidad que recaerían bajo la responsabilidad del régimen de Duque.
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En el texto, la CIDH presenta sus hallazgos sobre «graves violaciones a los derechos humanos» en el contexto de las movilizaciones y «otras situaciones que ponen en riesgo la protesta social». También dice que hay un «clima de polarización», de «estigmatización y persistencia de lógicas bélicas» y un «fenómeno de la violencia» con «impunidad», donde participan diferentes «estructuras criminales», en varios territorios, que dificulta «todo esfuerzo de diálogo».
Además, el organismo también aborda la «profunda inequidad en la distribución de la riqueza» que hay en Colombia, el alto índice de pobreza (que llegó a 42,5 % en 2020), y la dificultad del «acceso a derechos económicos, sociales y culturales».
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