El proceso denominado «fraude electoral» que inició en 2019 con denuncias de irregularidades en los comicios anulados de ese año se ha caracterizado por los distintos giros en las decisiones judiciales que van desde encarcelar vocales electorales hasta liberarlos de todo cargo.
EFE
Una pericia encargada por la Fiscalía boliviana al «Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE» de la Fundación General de la Universidad de Salamanca ha establecido este martes que «no hubo manipulación» de los resultados en los comicios anulados en 2019.
A raíz de esto, la Fiscalía anunció el sobreseimiento de los acusados mientras que sectores de la oposición insisten en las irregularidades de esos comicios y restaron crédito a esa pericia por considerarla extemporánea y hecha a pedido del actual Gobierno.
CRISIS Y DENUNCIA FRAUDE
La desconfianza en las elecciones del 20 de octubre de 2019 se produjo cuando esa noche el Sistema de Transmisión de Resultados preliminares (TREP) se detuvo y luego se repuso casi 24 horas después con un cambio de tendencia.
Los resultados preliminares que inicialmente daban cuenta de una segunda vuelta entre el entonces presidente Evo Morales y el expresidente Carlos Mesa, finalmente daban por ganador al primero en la primera ronda con el derecho de acceso a un cuarto mandato consecutivo.
Un sector considerable de la población del país comenzó a aseverar que hubo fraude mientras las denuncias de irregularidades aumentaban y se corroboraban por parte de las misiones de observación internacional como de la Organización de Estados Americanos (OEA), en medio de una creciente polarización.
La solución vino mediante una solicitud del Gobierno boliviano para que la OEA aplicara una auditoría «vinculante» para identificar aquellas anomalías.
UNA INVESTIGACIÓN INCIERTA
La madrugada del 10 de noviembre en Bolivia, la OEA dio a conocer los resultados de la auditoría que detectó irregularidades «muy graves» como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que recomendó nuevas elecciones.
La polarización en Bolivia creció al punto de que las protestas contra Morales derivaron en su renuncia a la Presidencia del país, que él denunció como un «golpe de Estado».
El informe de la OEA dio paso a que la Fiscalía, dirigida en ese momento por el fiscal general, Juan Lanchipa, emitiera órdenes de aprehensión contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, los demás vocales nacionales y vocales departamentales, para un total de unos 34 detenidos.
Mientras estuvo al mando del país el Gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez, los actos de la Fiscalía se condujeron a realizar aprehensiones, extender los plazos de investigación y hasta impulsar la revocación de medidas sustitutivas a la detención preventiva cuando habían resoluciones a favor de los acusados.
Incluso en julio del año pasado la Fiscalía de La Paz había anunciado que la investigación estaba en un 90 por ciento y que era cuestión de tiempo la presentación de una acusación y el ingreso a la etapa de juicio.
Sin embargo, tiempo después los vocales nacionales obtuvieron la condición de detención domiciliaria mientras que otros detenidos fueron progresivamente recobrando su libertad.
PERICIA OPUESTA A LA OEA
La pericia presentada este martes por el fiscal general Lanchipa estableció que «se han encontrado negligencias» por parte de la empresa encargada del recuento rápido y «se demostró la inexistencia de manipulación en los datos que prueben la manipulación» de los resultados de los comicios.
El estudio identificó «usuarios no identificados con rol de administrador y capacidad de accesos» pero también estableció que es «altamente improbable» que esto haya implicado una manipulación de resultados.
De haber existido una manipulación, hubiera sido necesario un «equipo coordinado» y sería «imposible» que algo así haya pasado desapercibido, dijo el fiscal general al leer los resultados de la valoración.
La oposición considera que esto dará paso a una persecución aún más intensa contra líderes contrarios al Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Mientras que el Gobierno de Luis Arce señaló que la verdad ha salido a la luz y que lo que sucedió en 2019 fue un «golpe de Estado».
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