Amnistía Internacional, una de las organizaciones más importantes del mundo que vela por la defensa de los derechos humanos, dio a conocer un informe sobre los hechos registrados en Cali en el marco del paro nacional .
Para el organismo, la conclusión de lo ocurrido en Cali durante las protestas del paro nacional es una: agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios habrían violado sistemáticamente los derechos humanos de los manifestantes en la capital del Valle del Cauca.
“Básicamente a la conclusión que llegamos es el uso innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, el uso ilegal de armas letales y otras armas menos letales. Y, con mucha preocupación, vimos casos de paramilitarismo urbano en el que muchos civiles armados actuaron”, dijo María José Veramendi, investigadora de Amnistía Internacional.
En el documento, denominado ‘Cali, en el epicentro de la represión’, se analizan tres acontecimientos específicos. El primero, ocurrido el 3 de mayo, cuando, en medio de la denominada ‘Operación Siloé’ de la Policía, perdió la vida el joven Kevin Agudelo.
“En el material videográfico que hemos podido verificar se evidencia a agentes de la fuerza pública utilizando armamento letal y no se evidencia en el material que hemos verificado en ningún momento que la manifestación representara un riesgo para la vida de los agentes de la fuerza pública”, señaló Veramendi.
El segundo hecho analizado fue el ataque contra la minga indígena el 9 de mayo. Allí, según muestran varios videos, hubo civiles armados en presencia de agentes de la Policía y resultó herida una líder indígena.
“Este no es un ataque fortuito, sino que se tiene evidencia de conversaciones a la que ha accedido Amnistía Internacional de manera confidencial, en el que sería un ataque premeditado para afectar a los participantes de la minga”, indicó la investigadora.
Y el tercero, dice el informe de Amnistía Internacional, fue el ocurrido el 28 de mayo, cuando se registraron excesos de fuerza en las afueras de la Universidad del Valle y donde hubo denuncias de tortura contra los manifestantes capturados.
“En los hechos del 28 de mayo, que documentamos como caso de paramilitarismo urbano , nuevamente vemos la presencia de civiles armados y no solo civiles armados atacando a manifestantes pacíficos, sino haciendo detenciones. Los jóvenes denuncian haber sido golpeados, sometidos a tratos crueles e inhumanos y luego obligados a autoincriminarse”, anotó Veramendi.
El informe de Amnistía Internacional señala que los hechos ocurridos no fueron aislados.
“Concluimos que esta no es una situación aislada, sino que corresponde a un patrón de infligir miedo y desincentivar la protesta pacífica en el país”, aseguró.
El informe insta a las autoridades colombianas a detener la represión en las manifestaciones y evitar la utilización de armas letales para dispersar multitudes y se refiere específicamente al uso del dispositivo venom.
“En Colombia, este instrumento está categorizado, según los manuales de la Policía, como un arma menos letal, pero efectivamente puede tener efectos letales y su uso no se regula solamente teniendo un protocolo o entrenamiento. Su uso puede resultar letal y nosotros, como Amnistía Internacional, estamos recomendando que se deje de utilizar”, anotó.
Amnistía Internacional sugiere en el informe que el Gobierno inicie las investigaciones independientes e imparciales sobre violaciones de derechos humanos en el marco del paro nacional.
Asimismo, espera que los cambios en la Policía, anunciados por el presidente de Colombia, Iván Duque, representen una nueva visión hacia el respeto de los derechos humanos y la protesta pacífica.
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