El mandatario nicaragüense se postula por octava vez a la presidencia en un contexto marcado por las graves violaciones a los derechos humanos y la persecución contra toda expresión disidente.
El partido gobernante de Nicaragua, el Frente Sandinista, ha inscrito a Daniel Ortega y Rosario Murillo como candidatos para concurrir el próximo siete de noviembre a unas elecciones generales en las que los principales contrincantes opositores han sido apresados por orden de la pareja presidencial. Después de ser ratificados de forma virtual por el “Congreso Sandinista Nacional Heroico Pancasán” en una votación unánime -similar a la de los congresos de Cuba y de Corea del Norte- con cánticos “al grito de guerra”, la fórmula fue oficializada ante un Poder Electoral también controlado por el régimen.
Es la octava vez que Ortega se postula a la presidencia en sus 37 años de carrera política y su cuarta vez consecutiva en un contexto marcado por las graves violaciones a los derechos humanos y la persecución total de su régimen contra toda expresión disidente. Antes de oficializar su candidatura -que reafirma de hecho la reelección indefinida- Ortega ordenó entre los meses de abril y junio la detención de 31 líderes opositores. Entre ellos destacan los siete precandidatos presidenciales con más arrastre para hacer contrapeso al mandatario y a su esposa, quien este lunes fue sancionada junto a otros siete altos funcionarios de Gobierno por la Unión Europea (UE). Entre los penalizados, figura el hijo de la pareja, Juan Carlos Ortega Murillo, por su condición de director de uno de los principales canales de televisión del país y líder del Movimiento Sandinista 4 de mayo.
Algunos sectores opositores han denunciado que los Ortega-Murillo han configurado una “elección a su medida” al sacar de la contienda a figuras como Cristiana Chamorro (la precandidata que más simpatías genera según las encuestas), el politólogo Félix Maradiaga, el campesino Medardo Mairena y Juan Sebastián Chamorro, entre otros. La comunidad internacional ha condenado duramente el cierre de la salida electoral y, precisamente, las sanciones impuestas por la UE fueron motivadas por el deterioro de los últimos meses. “El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense”, sostuvo Europa.
Sin embargo, en el discurso de aceptación de la nominación, Ortega insistió en su radicalización y azuzó un discurso nacionalista que condena “la injerencia” de las potencias del “Yanqui [EE UU] y europeos”.
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