Pese a ser uno de los productos más vendidos para el control de plagas, hasta la fecha se ha mantenido lejos del foco mediático y son muy pocos los que lo conocen. Sin embargo, está presente en muchos de los alimentos que ingerimos, con lo que se ha convertido en una amenaza también para la especie humana, como ocurre con otros pesticidas que afectan a otros organismos que no son el objetivo de los tratamientos.
El clorpirifós es un pesticida organofosforado (OP) conocido por sus efectos dañinos sobre el sistema nervioso humano. Como todos los OP, el clorpirifós bloquea una enzima que nuestro cerebro necesita para controlar la acetilcolina, uno de los muchos neurotransmisores que median la comunicación entre las células nerviosas. Estos efectos neurológicos plantean riesgos especialmente elevados para los niños a medida que se desarrollan sus cerebros y sistemas nerviosos, advierte la ONG Pesticide Action Network (PAN).
La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) dijo esta semana que publicaría un reglamento para bloquear su uso. La nueva regla, que entrará en vigencia en seis meses, sigue una orden en abril de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que ordenó a la EPA que detenga el uso agrícola del químico que se aplica comúnmente al maíz, la soja, las manzanas, el brócoli, los espárragos y otros productos a menos que pueda demostrar su seguridad.
En un movimiento inusual, la nueva política de clorpirifós no se implementará a través del proceso regulatorio estándar, bajo el cual la EPA primero publica un borrador de regla, luego toma comentarios públicos antes de publicar una regla final. Más bien, en cumplimiento de la orden judicial, que señaló que la ciencia que relaciona el clorpirifós con el daño cerebral tiene más de una década, la regla se publicará en su forma final, sin un borrador o período de comentarios públicos.
“Hoy, la EPA está dando un paso atrasado para proteger la salud pública”, dijo el director de la agencia, Michael S. Regan. “Poner fin al uso de clorpirifós en los alimentos ayudará a garantizar que los niños, los trabajadores agrícolas y todas las personas estén protegidos de las consecuencias potencialmente peligrosas de este pesticida”.
Hoy, este pesticida se usa y comercializa en gran parte de Latinoamérica. “En Colombia se comercializa y se usa en varios cultivos. En Ecuador se mantiene vigilancia, pero se hacen recomendaciones. En Perú no tiene restricciones. En Venezuela no se registra prohibición. En Bolivia se mantiene monitoreado. En Chile es considerado moderadamente peligroso. En Paraguay se comercializa. En Uruguay, la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió “extender la exigencia” de receta profesional obligatoria para la compraventa de insecticidas nacionales e importados Neonicotinoides formulados a partir de los Ingredientes Activos Clotiadinina, Imidacloprid, Tiametoxan y para Clorpirifos”, explicó a Infobae Wilson Bonilla, periodista colombiano especializado en el sector agrario.
Los efectos del insecticida en animales y humanos se han estudiado ampliamente desde la década de 1970. Fue prohibido para uso doméstico en interiores en 2001, pero continúa usándose en campos agrícolas, con un estimado de 8 millones de libras aplicadas anualmente. Según su fabricante, se ha registrado para su uso en 100 países para más de 50 cultivos. Ahora, la administración Joe Biden anunciará el miércoles que prohíbe el uso de un pesticida común.
En agosto del 2019 la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), publicó un comunicado donde concluía que los plaguicidas etil clorpirifos y metil clorpirifos no cumplen “con los criterios aplicables para proteger la salud humana establecidos en la legislación de la Unión Europea” y recomendaba que no se renovaría su autorización más allá del 31 de enero de 2020, fecha en la que expiró su licencia.
Las organizaciones ambientales, los defensores de la salud y los grupos que representan a los trabajadores agrícolas han buscado durante mucho tiempo detener el uso del clorpirifós, después de que los estudios mostraran que la exposición al pesticida estaba relacionada con un menor peso al nacer, un coeficiente intelectual reducido y otros problemas de desarrollo en los niños. Los estudios rastrearon algunos de esos efectos sobre la salud a la exposición prenatal al pesticida.
Varios de esos grupos solicitaron el año pasado a la EPA que revocara una decisión de la era Trump de no prohibir el uso de la sustancia química. “Tomó demasiado tiempo, pero los niños ya no comerán alimentos contaminados con un pesticida que causa discapacidades de aprendizaje intelectual”, aseveró Patti Goldman, abogada de EarthJustice, una de las organizaciones detrás de la posición federal. “El clorpirifós finalmente desaparecerá de nuestras frutas y verduras”.
Varios estados, incluidos California, Hawái, Nueva York y Maryland, han prohibido o restringido el uso de clorpirifós, y los fiscales generales de esos estados, así como los de Washington, Vermont y Massachusetts, se unieron a la petición.
La administración Obama comenzó el proceso de revocar todos los usos del pesticida en 2015 pero, en 2020, la administración Trump ignoró las recomendaciones de los científicos de la EPA y mantuvo el clorpirifós en el mercado. Eso desató una ola de desafíos legales. Esos desafíos concluyeron con la orden judicial en abril, que otorgó a la EPA una fecha límite del 20 de agosto para demostrar que el clorpirifós no daña a los niños o para poner fin legalmente a su uso en cultivos alimentarios.
“Es muy inusual”, indicó Michal Freedhoff, administrador asistente de la EPA para la seguridad química y la prevención de la contaminación, sobre la directiva del tribunal. “Habla de la impaciencia y la frustración que los tribunales, los grupos ambientalistas y los trabajadores agrícolas tienen con la agencia”. “Básicamente, el tribunal dijo: ‘Ya es suficiente’”, añadió. “O díganos que es seguro y muestre su trabajo, y si no puede, revoque todas las tolerancias”.
En EEUU se espera que la decisión genere críticas por parte de la industria química y el lobby agrícola, que trabajó en estrecha colaboración con la administración Trump antes de su decisión de mantener el clorpirifós en uso. “Los agricultores confían en la disponibilidad de pesticidas, como el clorpirifós, para controlar una variedad de plagas de insectos y los funcionarios de salud pública que trabajan para controlar plagas mortales y debilitantes como los mosquitos”, manifestó Chris Novak, director ejecutivo de CropLife America, un empresa de productos químicos agrícolas, en el momento de la decisión de Trump.
El clorpirifós seguirá estando permitido para usos no alimentarios, como en campos de golf, césped, postes de servicios públicos y postes de cercas, así como en cebos para cucarachas y tratamientos para hormigas.
En agosto del 2019 la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), publicó un comunicado donde concluía que los plaguicidas etil clorpirifós y metil clorpirifós no cumplen “con los criterios aplicables para proteger la salud humana establecidos en la legislación de la Unión Europea” y recomendaba que no se renovará su autorización más allá del 31 de enero de 2020, fecha en la que expiraba su licencia.
Mientras tanto, a partir de 2023, en Argentina estará prohibido el uso de productos fitosanitarios formulados a base de clorpirifós etil y clorpirifós metil. Así lo establece la resolución 414/2021 publicada días atrás en el Boletín Oficial por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En concreto, el organismo sanitario dispuso la prohibición para importar este principio activo a partir de los próximos 45 días, la prohibición para elaborarlo y fraccionarlo a nivel local en un plazo máximo de 90 días, y la prohibición de comercialización y uso a partir de los 455 días desde que entre en vigencia esta resolución.
“Desde esa fecha, se producirá la baja automática de los registros de principios activos y de los productos fitosanitarios que contengan clorpirifós etil y clorpirifós metil, en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal a cargo de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos dependiente de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa”, reza el texto normativo.
La única excepción para estas disposiciones son aquellos casos en que este agroquímico sea fabricado para su exportación. Asimismo, la decisión del Senasa incluye una reducción de los límites máximos de residuos (LMR) que pueden contener los alimentos que hayan sido tratados con clorpirifós en su proceso productivo. “Se fija en 0,01 miligramos por kilogramo el límite de determinación de clorpirifós etil y de clorpirifós metil para todos los productos y subproductos agropecuarios que se importen o produzcan localmente para consumo interno, a partir de los 575 días de entrada en vigencia de la presente resolución”, precisa el documento.
En los considerandos de la resolución, el Senasa explica que “el principio activo clorpirifós está siendo sometido a procesos de revisión de registro en muchas agencias regulatorias del mundo”. En ese marco, la Dirección de Agroquímicos y Biológicos “ha realizado una revisión integral de antecedentes científicos sobre los riesgos para la salud humana asociados a esta sustancia activa”, que “incluyó los resultados de nuevos estudios de toxicología crónica”.
“Como resultado de la revisión de antecedentes, la mencionada Dirección actualizó los parámetros toxicológicos crónicos y los coeficientes de seguridad que determinan la ingesta diaria admisible utilizada para realizar los análisis de riesgo al consumidor, de los usos aprobados del clorpirifós. Como resultado del análisis, resulta necesario restringir los usos agrícolas aprobados”, concluye el texto.
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