La jueza María Carolina Ayoub, del 9º Juzgado Federal de Sao Paulo, archivó una investigación abierta contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.
«El Tribunal Federal de Sao Paulo acogió la solicitud que presentamos en defensa del expresidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva para determinar el bloqueo de otra investigación infundada relacionada con su nombre», dicen sus abogados en un comunicado publicado por la oficina de prensa del exmandatario.
En esa investigación, Lula era acusado de tráfico de influencias internacional para incitar a dirigentes de Costa Rica para que cerrasen contratos con la empresa constructora brasileña OAS.
Los hechos se remontan a 2011, cuando Lula ya había dejado la Presidencia de Brasil. La investigación se abrió, según sus abogados, a partir de un testimonio presentado por el expresidente de OAS Léo Pinheiro.
Pinheiro dijo que Lula habría sido contratado por OAS para dar una conferencia en Costa Rica, con el objetivo de influir en los líderes de ese país para hacer negocios con la constructora.
Sin embargo, según el comunicado de los abogados, la versión de Pinheiro no fue confirmada por ninguna de las personas escuchadas por la Policía Federal y, en un nuevo testimonio, «el propio ejecutivo negó cualquier pago de ventaja indebida al expresidente Lula».
Por ello, la jueza determinó que no hay elementos suficientes para continuar la investigación contra el expresidente y que, además, los delitos imputados a Lula ya habrían prescrito.
La investigación también incluía al propio Pinheiro, al exejecutivo de OAS Augusto Uzeda y al expresidente del Instituto Lula Paulo Okamoto, para quienes también se archivó el caso.
Un solo caso abierto
De acuerdo con los abogados, esta es la victoria número 19 de Lula ante la Justicia brasileña, incluyendo la anulación, en el último año, de las dos condenas que pesaban en su contra por presunta corrupción.
«De la avalancha de juicios interpuestos contra Lula, solo uno de ellos permanece abierto», mencionan en el comunicado, y es el relacionado con la compra de aviones de combate suecos.
Al exmandatario lo acusan de usar su influencia para que el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora en la Presidencia, atribuyera a la empresa sueca Saab una licitación para la compra de 36 aviones caza modelo Gripen.
«Esperamos que el caso del expresidente Lula sea debidamente analizado por el Sistema de Justicia, por la Academia y por la Sociedad Civil, para evitar la práctica del lawfare contra cualquier persona o empresa en nuestro país, ante los efectos nocivos que se derivan de su práctica, que puede poner en riesgo la propia democracia», dicen sus abogados, que señalan que ya han presentado un recurso para que esta investigación sea archivada, al considerar que «fue construido» por los fiscales de la Lava Jato con base en acusaciones «infundadas» y «conscientes de que Lula no había cometido ningún acto ilegal».
