El ex presidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) afirmó hoy que su país está «cambiando de una democracia constitucional a una dictadura constitucional», después de que la Justicia rechazara rescindir la pena de prisión que se le impuso como castigo por negarse a declarar por corrupción.
«Mucha de nuestra gente está ciega a esta realidad en este punto porque ha sido exitosamente hipnotizada por la duradera narrativa anti-Zuma», sostuvo el exjefe de Estado en un comunicado difundido a última hora de este lunes por la fundación que lleva su nombre.
Zuma argumentó que las leyes se «manipulan» cuando se le juzga a él, y, en un nuevo ataque contra el sistema judicial sudafricano, acusó a los miembros del Tribunal Constitucional de considerarse por encima de la propia Constitución.
«Llevo la insignia de ser un prisionero político con el mayor de los honores, ya que la lucha por la libertad de los africanos contra toda forma de opresión, incluida la opresión de los africanos por parte de otros colaboradores africanos, ha sido la única misión de mi vida», afirmó en el texto.
Este nuevo mensaje desafiante del expresidente llegó después de que el viernes pasado el Tribunal Constitucional rechazara la petición de sus abogados para que se le rescindiera la pena de 15 meses de prisión que se le había impuesto en junio pasado por desacato judicial.
Zuma, de 79 años, cometió esa falta al negarse repetidamente a acatar órdenes judiciales que le obligaban expresamente a testificar en una investigación sobre la extensa corrupción ocurrida presuntamente durante su presidencia (2009-2018).
El exjefe de Estado, convertido en primer ex presidente sudafricano de la era democrática encarcelado desde el fin del sistema segregacionista (1994), afirma que todas las acusaciones en su contra forman parte de una persecución política.
En el comunicado de este lunes, de hecho, pidió recordar que su pelea judicial es parte de «la lucha por llevar justicia, dignidad y respeto», según él, a los africanos de raza negra.
Días después del encarcelamiento de Zuma -ocurrido el 7 de julio- se desataron en Sudáfrica disturbios y saqueos masivos que, si bien empezaron como protestas de apoyo al expresidente, degeneraron en violencia general, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país.
El Gobierno sudafricano sostiene que esa ola de disturbios, que dejó 354 muertos y daños económicos por valor de 50.000 millones de rands (unos 2.862 millones de euros), fue «instigada» y planeada.
El pasado día 5, pese a llevar apenas dos meses de castigo cumplidos, a Zuma se le otorgó una polémica libertad condicional por motivos de salud, según informó el Departamento de Servicios Penitenciarios de Sudáfrica, algo que la oposición sudafricana está pidiendo a los tribunales revocar.
Se desconoce la naturaleza exacta de los problemas de salud alegados por Zuma, pero las autoridades penitenciarias confirmaron que el pasado 14 de agosto se sometió a una cirugía y que tenía programadas otras operaciones para días posteriores.
En paralelo a estos procesos, Zuma tiene actualmente otro juicio abierto por corrupción y otros cargos -en relación con un acuerdo armamentístico de finales de los años 90- que deberá celebrar este martes su próxima audiencia.
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