La Asamblea Nacional Legítima como la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y su Fachada Atlántica, no reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y consideran que el único mecanismo para la solución de la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, así lo destaca el Proyecto de Acuerdo aprobado este martes en sesión sobre la controversia territorial, en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional que se lleva a cabo en México entre la dictadura de Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela.
Al respecto, la Cámara lamenta la decisión de la CIJ de fecha 18 de diciembre de 2020, quien declaró su competencia para conocer parcialmente de la demanda incoada por Guyana, en virtud de lo cual Venezuela debe participar activamente en el proceso judicial-así sea bajo protesta o reserva-, a fin de desplegar en plenitud todos los derechos procesales que le asisten.
Adicionalmente, expresa que en el marco de la defensa de los más altos intereses de la Nación, la defensa de una delegación de alto nivel profesional en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), debe perseguir entre los objetivos dentro de los plazos procesales: Desplegar acciones en función de nombrar un juez ad-hoc, y estudiar la conveniencia de contra-demandar a Guyana, a fin de que sea condenada a cumplir de buena fe sus obligaciones bajo el Acuerdo de Ginebra de negociar una solución práctica y mutuamente aceptable a la controversia.
Rechazo
De igual manera, el diputado Sergio Vergara, vicepresidente la Comisión Mixta en Defensa de la Soberanía Venezolana sobre el Territorio Esequibo y su Fachada Atlántica, agregó que el Acuerdo rechaza los argumentos y pretensiones de la República Cooperativa de Guyana de manera “no oficial y no oficiosa” y planteó defender “nuestra posición” en todos los espacios requeridos y hacer valer los argumentos y pruebas sólidas que demuestran los justos títulos de Venezuela con respecto al territorio en disputa y la nulidad del laudo arbitral de 1899.
“De una vez desestimada la pretensión de Guyana, se inste a cumplir las obligaciones bajo el Acuerdo de Ginebra de negociar una solución práctica y mutuamente aceptable a la controversia”, sostuvo, el legislador en su intervención ante la Cámara legislativa venezolana.
Afirmó que desde la instancia que integra, reiteran su inalienable e indeclinable posición soberana y la permanente búsqueda por la justicia para Venezuela.
CIJ carece de jurisdicción
La parlamentaria Fatima Soares, recalcó que el Acuerdo de Ginebra del año 1966, es el único instrumento que reconocen los venezolanos para “dirimir bilateralmente y amistosamente las controversias limítrofes con Guyana.
Soares se sumó al rechazó sobre las pretensiones de la República Cooperativa de Guyana de judicializar la controversia a través de la Corte Internacional de Justicia, cuyo “órgano carece de jurisdicción para conocer la demanda de Guyana intentada unilateralmente el 29 de marzo de 2018 y reveló que el Acuerdo de Ginebra no contiene la previsión expresa de la aceptación de la jurisdicción CIJ de esta instancia para resolver este conflicto territorial.
Reiteró que el “Esequibo es de todos los venezolanos”, por tal razón, es de interés nacional trabajar unidos por la reclamación y defensa de nuestra territorio.
Irresponsabilidad del régimen
El diputado Williams Dávila, presidente de la Comisión Mixta en Defensa de la Soberanía Venezolana sobre el Territorio Esequibo y su Fachada Atlántica, acusó directamente a Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro por el “entreguismo, descuido o e irresponsabilidad” sobre esta controversia y por las faltas de acciones jurídicas, diplomáticas y estratégicas para cambiar el rumbo de los acontecimientos, especialmente después del anuncio de Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, cuando remitió el asunto a Corte Internacional de Justica”.
Frente a esto, insistió que la dictadura de Nicolás Maduro no tiene el “decoro y la valentía para defender al Esequibo ni ninguna parte de Venezuela”. Además, enfatizó que la soberanía nacional es vital y por consiguiente, la integridad del territorio sigue siendo inalienable”.
Por ello, sostuvo que “la soberanía no se discute, se defiende” y afirmó que la “Asamblea Nacional siempre ha puesto a la disposición del país: Sus capacidades, bagaje intelectual, histórico y jurídico porque estamos claros que es una cuestión de Estado. Se ha debido convocar al país y el régimen no lo ha hecho”.
Dávila aseguró que Venezuela como política de Estado, necesita encarar la controversia sobre el Esequibo, “en unidad nacional”, el cual sólo se producirá en un gobierno democrático escogido en elecciones libres que permitirá defender la integridad territorial.
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