Todo parece indicar que la dictadura Venezolana retiene a la familia de Alex Saab como garantía de silencio para que no salgan a la luz todos los manejos dolosos y sus implicados.
POR BENJAMÍN F. DEYURRE – EL NUEVO HERALD
El empresario colombiano, ciudadano venezolano, Alex Saab, quién hiciera numerosos negocios en nombre de Venezuela, finalmente fue extraditado por Cabo Verde el 16 de octubre de 2021, después que los intentos legales de sus abogados por liberarlo fracasaran tras 16 meses de litigio.
La esposa de Saab, Camila Fabri de origen Italiano, también pudiera ser juzgada en su país por lavado de dinero, el mismo delito principal por el que se acusa a su marido. Fabri podría ser requerida en cualquier momento por Italia, de manera que Maduro y sus secuaces encontraron la excusa perfecta para “protegerla” en Venezuela, para lo cuál la trasladaron desde Moscú donde residía últimamente.
Como todo gobierno comunista, Venezuela difícilmente respeta un pedido de extradición italiano, de esta manera Fabri aparentemente está segura en Venezuela. Por supuesto, esa seguridad será hasta que su marido decida hablar para apaciguar su condena, una vez que sea juzgado por una corte federal en el distrito sur de la Florida, probablemente en Miami donde ahora se encuentra detenido.
Saab desde el 2019 fue acusado por un gran jurado federal de utilizar el cambio preferencial gubernamental del régimen cambiario venezolano, para obtener ilegalmente dólares americanos que fueron utilizados en sobornos de funcionarios venezolanos con el fin de blanquear $350 millones.
La trama se originó en el 2011 cuando Saab obtuvo un contrato para construir edificaciones para personas de bajos recursos, y para estos fines obtuvo facturas falsas y alteradas para respaldar importaciones ficticias desde EEUU y otros países.
El pago de esas facturas suponía transferencias bancarias para EEUU y de allí para otras instituciones financieras en Europa. Posteriormente Saab continuó con una serie de negocios con el gobierno venezolano, entre ellos las cajas de alimentos CLAP, ordenadas por el gobernante Nicolás Maduro en el 2016 para suplir la escasez de comestibles.
Saab, mediante una sociedad registrada en Hong Kong, le vendió alimentos por más de $200 millones, e incluso más tarde, fundó la sociedad Mexicana Group Land Limited, con este mismo propósito. Las cajas CLAP, según análisis efectuados desde el 2017, contenían leche en polvo de baja calidad.
Además, los otros alimentos que contenía se habían facturado con un sobreprecio de 112%. Por estas irregularidades, las personas y empresas involucradas acordaron pagar una multa de $3 millones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Por cierto, para muchos esta multa resultó irrisoria, sobre todo para Saab que había fabricado una fortuna. Actualmente, de las ocho acusaciones contra Saab, siete son por lavado de dinero y una por conspiración.
Sin embargo, en el transcurso del juicio pudieran surgir otras acusaciones y otros involucrados en vista de la magnitud de las actividades de Saab, quién también participó en negocios petroleros y mineros, especialmente con oro y esmeraldas. De toda esta trama se desprenden otras interrogantes que vienen al caso.
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