Tibisay Lucena, durante 12 años directora del Consejo Nacional Electoral y símbolo de la institucionalidad creada por el chavismo, ha sido designada por Nicolás Maduro como ministra de Educación Universitaria. El anuncio fue hecho por el mandatario venezolano con relativa discreción en su cuenta de Twitter.
Por ALONSO MOLEIRO – EL PAÍS
Lucena sustituye en el cargo a César Trompiz. Maduro comentó que Lucena, “con su amplia experiencia y vocación pedagógica, contribuirá a elevar la calidad de la educación para el desarrollo nacional”. Antes de este nombramiento, ejercía de rectora de la Universidad Nacional de las Artes, bajo control estatal.
Aunque no es la primera vez que queda en evidencia la comunión de intereses entre los integrantes de los poderes públicos venezolanos y el oficial Partido Socialista Unido de Venezuela, el tránsito de Lucena al Poder Ejecutivo de Nicolás Maduro ha sido todo un matiz, que ha generado una ola de críticas airadas en la opinión pública.
Sectores de la sociedad venezolana consideran a Lucena el “Caballo de Troya”, la “bestia negra” de la institucionalidad oficialista para impedir el acceso al poder de la oposición por la vía electoral, honrando el principio constitucional de la alternabilidad política.
A la cabeza del Poder Electoral desde 2008, Lucena –socióloga con maestría en procesos electorales, de 63 años, egresada de la Universidad Central de Venezuela– se hizo conocida por cultivar un tono neutro y esquivo para anunciar escrutinios y desenlaces de comicios, a veces a altísimas horas de la noche. Rectora suplente del CNE desde 1999, y con indiscutibles conocimientos técnicos, pudo ejecutar con solvencia y rigor las citas comiciales de aquel tiempo, con resultados aceptados por todos y sin producir mayores enconos en su contra.
Hacia 2010, sin embargo, cuando las fuerzas opositoras comenzaron a crecer, y surgieron preocupaciones en el tablero del poder del chavismo, ella –como las también rectoras Tania D´Amelio, Socorro Hernández y Sandra Oblitas—hicieron valer su mayoría en la directiva del CNE para construir una poderosa barrera reglamentaria que controlara los eventos electorales y favoreciera el status quo: lagunas en el Registro Electoral, migraciones caprichosas de votantes, reconfiguración de circuitos electorales para favorecer las zonas de influencia del chavismo, asimetrías en el acceso a los medios, y en general un estado de permisividad para que la presidencia controlara los recursos necesarios para asegurarse su reelección, mientras, al mismo tiempo, se lo prohibía a sus competidores.
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