No hay un lugar en América que sea territorio seguro para los haitianos. Decenas de miles de personas procedentes del país caribeño se encuentran en un riesgo constante en su tránsito por el continente. En su viaje, se enfrentan a la violencia de grupos armados que los asaltan para saquearlos; a las palizas y retenes de las fuerzas de seguridad; al miedo a ser deportados de vuelta a Haití, un país roto, sin gobierno efectivo, dominado por las pandillas y el hambre; a la violencia sexual contra las mujeres y niñas; a los animales peligrosos que acechan en la jungla por la que se ven obligados a cruzar de Colombia a Panamá, uno de los puntos más peligrosos de la ruta; al racismo sistémico que sufren o a ser recluidos en campamentos que en la práctica son campos de concentración, en condiciones de pobreza extrema, sin atención sanitaria, trabajo, comida ni, en muchas ocasiones, techo.
Por ALEJANDRO SANTOS CID– EL PAÍS
Un informe de Amnistía Internacional (AI) y Haitian Bridge Alliance (HBA) publicado este jueves acredita que “varios Estados de la región [América] no están brindando seguridad a las personas haitianas frente a una serie de violaciones de Derechos Humanos”. En la investigación, ambos organismos critican especialmente a las autoridades de México, Estados Unidos y Chile por su gestión migratoria. Los haitianos no son protegidos en ninguno de estos países. A los peligros del camino y a las trabas legales que se encuentran para regularizar su situación, se suma el racismo con el que, según el informe, muchas veces son recibidos en las naciones de acogida. Solo entre el 19 de septiembre y el 19 de octubre, alrededor de 10.800 personas fueron deportadas de vuelta a Haití, según la Organización Internacional para las Migraciones. Un 16,5% eran menores de edad.
La mayoría de devoluciones se habían producido desde Estados Unidos, en algunas ocasiones “mediante fuerza excesiva”, denuncian, en referencia a los hechos de Del Río, Texas, donde a finales de septiembre llegaron a concentrarse más de 15.000 haitianos en un campamento precario bajo un puente en la frontera con México. Las imágenes de aquellos días dieron la vuelta al mundo por su especial brutalidad: en ellas se veía a agentes a caballo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos capturando migrantes con lazos, en una escena más propia de un Western que de un proceso de asilo.
Pese a que la Casa Blanca decidió reducir los vuelos de deportación al país caribeño debido a la grave crisis humanitaria que atraviesa, la mayoría de haitianos del campamento de Del Río fueron expulsados a su país o hacia México, donde más de 26.000 personas procedentes de Haití han tramitado una solicitud de asilo en lo que va de año, pero menos de la mitad se han concedido. Para otras nacionalidades, el porcentaje de resoluciones favorables es mucho mayor, como la venezolana (98% de solicitudes favorables) o la hondureña (85%), según datos oficiales. Sin embargo, desde mediados de octubre, de Haití proceden la mayoría de solicitantes de asilo en el país, por encima de Honduras, que había liderado la lista hasta el momento.
“Las prácticas actuales en México, especialmente la de contener a migrantes y solicitantes de asilo en Tapachula, hace que el proceso de solicitar protección internacional sea extenuante, especialmente para las decenas de miles de personas haitianas, muchas de las cuales tenían empleos de baja remuneración antes de llegar a México y cuentan con pocos ahorros o carecen de ellos, por lo que a menudo no pueden cubrir sus necesidades de comida y alojamiento”, continúa el informe.
Tapachula, “una prisión sin techo”
La investigación se realizó precisamente en Tapachula, una ciudad de Chiapas fronteriza con Guatemala, con 350.000 habitantes y un índice de pobreza del 78%. Allí, ahora mismo, se encuentran retenidos por el Gobierno mexicano unos 50.000 migrantes a la espera de poder tramitar sus papeles, de acuerdo con estimaciones de organizaciones que trabajan en el terreno. Un auténtico polvorín con el caldo de cultivo ideal para fomentar ataques racistas, y “condiciones de inseguridad e indigencia debido a la falta de acceso a refugio, alimentos y otras necesidades básicas”.
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