Amnistía Internacional (AI) alertó este viernes sobre la «estigmatización, discriminación y persecución» al pueblo mapuche en Argentina, después de una serie de ataques incendiarios en la sureña provincia de Río Negro provocados presuntamente por grupos mapuches en octubre.
EFE
En un comunicado, la organización de derechos humanos advirtió acerca de la existencia de un «discurso alarmante» en torno a los «reclamos territoriales» de los mapuches, reproduciendo las «mismas estrategias de persecución» que se producen en Chile.
«La violencia y estigmatización no puede ser la respuesta a una cuestión de derechos humanos como es el reclamo por los territorios indígenas», aseveró Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, en declaraciones recogidas por la entidad.
Por ese motivo, Amnistía Internacional convocó a las autoridades nacionales y provinciales a «abrir canales de diálogo» para resolver estas demandas, así como instaurar «políticas integrales» que garanticen los derechos de los pueblos originarios.
En este contexto, AI ha solicitado al Congreso argentino la prórroga «urgente» de la Ley 26.160, sancionada a finales del 2006 y que suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas.
LA SITUACIÓN EN RÍO NEGRO
Hace dos semanas, el edificio del Club Andino Piltriquitrón, ubicado en la localidad de El Bolsón (provincia de Río Negro), fue consumido por un incendio perpetrado presuntamente por grupos mapuches.
En el lugar se hallaron bidones con gasolina y panfletos con mensajes contra la gobernadora provincial y el intendente Bruno Pogliano.
La zona ya sufrió el 3 de octubre un ataque incendiario en la oficina de turismo de El Bolsón y al día siguiente otro en un puesto de Vialidad en Bariloche, en el que se averiaron máquinas viales.
El presidente argentino, Alberto Fernández, ordenó enviar efectivos de la Gendarmería nacional a la provincia para patrullar la zona afectada por estos incidentes.
Desde el Gobierno provincial califican estos hechos de «terrorismo», una máxima que el jefe de Estado no comparte, al considerar que no es función del Ejecutivo nacional «brindar mayor seguridad en la región» ni tampoco «reforzar el control en las rutas nacionales».
Según Amnistía Internacional, la construcción de un discurso «securitista» actúa en estos casos como una plataforma «que da vía libre para avanzar en medidas represivas y violentas fundadas en la presunta protección del Estado».
«Es inaceptable que el Estado califique al reclamo indígena, y en particular, del pueblo mapuche por su territorio como un problema de seguridad nacional que requiere la intervención de las fuerzas de seguridad y la aplicación de leyes violatorias de los derechos humanos», señaló la entidad en el comunicado.
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