Para Andrea Velázquez, la madre de Zoe, la vida de su hija y de los alrededor de 150 niños que esperan un trasplante están en manos del régimen de Nicolás Maduro. “Es muy difícil explicarle a una mamá que perdió a su hijo que ‘Bueno, no tenemos los recursos para para poner óptimo el hospital como para hacer un trasplante’”, afirmó Velázquez. “Si los recursos se administraron mejor, evidentemente tuviésemos mejores hospitales y no estuviésemos pasando por lo que estamos pasando.”
Por El Nuevo Herald
El convulsionado país sudamericano tuvo en su día un exitoso programa de trasplante. Entre 1967 y 2000, se realizaron más de 3.100 procedimientos solo de riñón. Para 2016, esa cifra se había más que duplicado gracias a una asociación público-privada que incluía campañas de concienciación, un sistema de obtención de órganos y asistencia a pacientes de bajos ingresos.
La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, que estaba administrada de forma privada y financiada con fondos públicos, atendía a menores y adultos que necesitaban distintos órganos, incluyendo corazones, hígados y riñones. Pero tras la llegada de Maduro al poder luego de la muerte del expresidente Hugo Chávez en 2013, el gobierno exigió el pleno control del programa.
En junio de 2017, funcionarios de salud comunicaron a los 14 centros de trasplantes del país que cerrarían durante tres meses para solucionar problemas relacionados con la medicación, según Lucila Cárdenas de Velutini, miembro de la junta directiva de la organización. Pero la interrupción del servicio se volvió permanente.
El país carece ahora de un programa de extracción de órganos de personas fallecidas, que estaba supervisado por la entidad. Se han perdido incluso algunas alternativas caritativas.
Durante años, la Fundación Simón Bolívar, con sede en Houston y financiada por Citgo, una filial del gigante petrolero estatal venezolano PDVSA, cubrió los costos de los trasplantes de niños venezolanos en otros países. Pero dejó de pagar esas facturas en 2019 debido a las sanciones de Estados Unidos que impedían a otras empresas hacer negocios con PDVSA.
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