La expresidenta de Bolivia Jeanine Añez podría ser sentenciada a diez años de cárcel. El Ministerio Público de ese país respalda la versión del Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales, y acusa a la exmandataria, así como a ocho exjefes militares y policiales, por el caso del supuesto ‘golpe de Estado II’, con base en una acusación registrada en declaraciones de 19 testigos y 70 pruebas documentales.
Estas evidencias y pericias correspondientes permitieron establecer elementos suficientes para dar cuenta de que la expresidenta Áñez hubiera adecuado su conducta a esos tipos penales, antes de que fuera autoproclamada presidenta, señaló la Fiscalía de Bolivia, por no haber el reconocimiento de su mandato como primera mandataria del país.
De esta manera justifica la ausencia de un juicio de responsabilidades y que se juzgue a la expresidenta por la vía ordinaria.
La acusación formal establece que hubo complicidad entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para que pudiera «autoproclamarse» presidenta. Los fiscales no hacen referencia a los actos violentos y muertes registrados antes de la renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García, ni a las denuncias de fraude electoral atribuidas al MAS.
Para el abogado de la expresidenta, esta acusación es inconstitucional por lo que se haría una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos.
La expresidenta Áñez cuestionó la acusación a través de su cuenta de Twitter, al afirmar que existe el objetivo de condenarla a cualquier precio, porque no importa la independencia del órgano judicial, ni el derecho del pueblo a protestar por el fraude que cometió el Movimiento al Socialismo.
Jeanine Áñez asumió la presidencia de Bolivia durante los conflictos de 2019, tras un presunto fraude en el recuento de votos de las elecciones generales celebradas el 20 de octubre de ese año. Este hecho, fue investigado por la Organización de Estados Americanos, la que en su informe final señala: El informe comprueba que la manipulación dolosa de los comicios se produjo en dos planos. En primer lugar, la auditoría detectó alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas. En segundo plano, se constató que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas.
Varias autoridades que participaron en el Gobierno de Jeanine Áñez fueron detenidas preventivamente y enviadas a la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz. Entre ellas la misma Jeanine Áñez, encarcelada desde el 16 de marzo de 2021 (recluida en el centro penitenciario femenino de Obrajes), así como también el exministro de Justicia y Transparencia Institucional Álvaro Coimbra Cornejo, el exministro de Energía Rodrigo Guzmán, el exviceministro de Coordinación Gubernamental y gerente de Entel Eddy Luis Franco, el viceministro de Justicia Guido Melgar y el exdirector general de Migración Marcel Rivas.
Estos hechos provocaron reacciones de varios organismos internacional y nacionales como de la Unión Europea, las Naciones Unidas y los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Ecuador y Perú, entre otros. Sin quedar al margen las protestas opositoras.
