El Congreso chileno aprobó este martes extender durante 15 días más la militarización de cuatro provincias ubicadas en el sur del país, zona donde hace décadas se desarrolla un conflicto territorial con indígenas mapuche que se agravó en los últimos meses.
A petición del presidente, el conservador Sebastián Piñera, tanto la Cámara de Diputados (este lunes) como el Senado (hoy) aprobaron extender la medida, que entró por primera vez en vigor el pasado octubre y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar en operaciones policiales y restringir el derecho a la reunión y la locomoción.
Se trata de la cuarta vez que el Congreso acepta la petición del mandatario de prorrogar la militarización, que oficialmente responde a la figura de «estado de excepción constitucional de emergencia». La Cámara Baja lo aprobó por 73 votos a favor, 48 en contra y 3 abstenciones y la Cámara Alta dio el visto bueno con 19 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones.
La medida entró inicialmente en vigor el pasado 12 de octubre por decreto presidencial y por un periodo de 15 días y se extendió por un una duración similar por igual vía, pero a partir de la segunda prórroga, por normativa, requería del visto bueno del Parlamento.
El presidente justifica la medida en la grave alteración del orden público, por el aumento de actos de violencia vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado en las provincias del Biobío y Arauco, en la región del Biobío; y Cautín y Malleco, en la de La Araucanía.
Se trata de cuatro provincias que en los últimos meses han experimentado una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, incendios, cortes de carreteras y tiroteos con víctimas mortales.
Algunos de estos episodios se enmarcan en el «conflicto mapuche», que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país, que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales.
Para esta nueva prórroga, el documento presidencial reitera argumentos planteados en las solicitudes anteriormente respaldadas, pero se lamenta que, pese a las medidas implementadas, aún existen hechos de violencia en la zona y pone algunos ejemplos, como el de policías recientemente atacados con armas de fuego.
Mientras que los defensores de la militarización, las figuras más conservadoras, sostienen que es la única forma de garantizar la seguridad de la población, los detractores, parte de la oposición y las organizaciones indígenas, sostienen que solo pone más tensión sobre la enconada disputa.
En el último mes se han registrado varios incidentes como los incendios de una escuela y del predio de un diputado, o la muerte de un comunero mapuche durante un operativo de seguridad.
Este episodio desató una ola de reacciones y reavivó el recuerdo del asesinato de Camilo Catrillanca, un mapuche de 24 años que murió en 2018 de un tiro por la espalda percutado por un policía del cuerpo de Carabineros, convirtiéndose en la primera gran crisis del segundo mandato de Piñera.
La situación despertó diversas críticas, como la de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que lamentó el fallecimiento del mapuche y expresó su preocupación por la militarización.
Asimismo, través de redes sociales apareció un video con alrededor de medio centenar de encapuchados armados, identificados a través de letreros como la organización indígena Weichan Auka Mapu, amenazando con combatir «con armas» a las fuerzas de seguridad si no abandonan el territorio.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
