La noticia del acuerdo opositor esta semana para prorrogar por un año más la presidencia interina a Juan Guaidó durante 2022 ha pasado desapercibida en la sociedad venezolana. El labrado consenso logrado entre los partidos democráticos, la decisión de reducir su aparato burocrático y el empeño por hacer una interpretación constitucional de sus confines, no han mitigado la sensación de intrascendencia.
Para parte importante de la opinión pública nacional, la presidencia interina es una abstracción sin contenido que ya no va a poder impulsar ninguna transición a la democracia: una entelequia que sólo se justifica para mantener los empleos y garantizar los salarios del personal que la ocupa, salpicado de acusaciones de irregularidades administrativas. Pero, a pesar del pesimismo, el desinterés y el distanciamiento emocional que se vive también en parte de los partidos opositores, el acuerdo anunciado parece indicar que, de momento, no existe un planteamiento estratégico con el cual sustituirla. Todos, incluyendo sus críticos, terminaron aprobando esta prórroga el lunes.
Pero pese a renovar su mandato un año más como presidente interino, Juan Guaidó afronta hoy su momento político más comprometido. Se ha enfriado el entusiasmo de la ciudadanía; aumentan los críticos dentro de sus propias filas; carece de instrumentos para hacerle frente al chavismo y enfrenta acusaciones por malos manejos de los recursos que administra el gobierno interino. Luce, además, particularmente expuesto frente al aparato judicial oficialista.
La extensión del mandato a Juan Guaidó, expresado en la reforma del Estatuto de Transición aprobado en 2019, fue posible gracias a que Voluntad Popular (el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó) y Primero Justicia (el de Julio Borges y Henrique Capriles) se vieron forzados por las circunstancias a buscar un acuerdo para llegar a un punto de equilibrio que los obligara a deponer en sus aspiraciones mutuamente excluyentes.
El acercamiento es producto, entre otras cosas, de la presión ejercida por los aliados internacionales de la oposición, en particular por Estados Unidos, con la activa intermediación del resto de los partidos aliados del G-4, como se conoce a los principales grupos opositores presentes en la anterior legislatura: Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.
Luego de agotar varias rondas de consultas a juristas y especialistas en derecho constitucional, Primero Justicia desistió de su intención de subordinar la gestión de Guaidó al Parlamento, controlado por la oposición en las elecciones de 2015, que hoy funciona en condiciones de semiclandestinidad.
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