El gobierno de Bolivia determinó este miércoles suspender la exigencia del carnet de vacunación para evitar “medidas innecesarias de violencia” ante las protestas de los grupos contrarios a la inmunización, que en gran medida son sectores afines al oficialismo.
“Se determina la suspensión de la presentación del carnet de vacunación o prueba PCR negativa mientras dure la declaratoria de Emergencia Sanitaria”, anunció el ministro de Salud, Jeyson Auza, en una comparecencia ante los medios en La Paz.
Auza señaló que se trata de una medida que asumió el Consejo Nacional Estratégico de Emergencia Sanitaria, integrado por 11 ministros de Estado, “precautelando la salud” de los grupos movilizados contra la vacunación y la “del pueblo boliviano”.
La determinación también dispone que “una vez finalizada la declaratoria de Emergencia Sanitaria se va nuevamente a pedir la presentación de ese carnet” así como la prueba PCR negativa.
Sin embargo, la exigencia del documento no se aplicará para la atención en salud, educación, acceso a mercados y transporte interprovincial, tampoco para trámites en servicios de identificación, policiales, judiciales, financieros además del reclutamiento militar.
El Gobierno declaró Emergencia Sanitaria a finales del año pasado cuando la cuarta ola mostraba un ascenso de casos y dispuso que desde el 1 de enero el carnet de vacunación era un requisito para la realización de trámites además del ingreso a sitios públicos y privados.
Esto causó las primeras protestas de algunos sectores sociales afines al oficialismo y otros religiosos que consideraron que la exigencia obligatoria del carnet atentaba a su derecho a no vacunarse con aseveraciones que a su juicio validaban su postura.
Así, las autoridades de sanidad plantearon una primera postergación de la exigencia del carnet, hasta el 26 de enero, bajo el argumento de evitar aglomeraciones en los puntos de vacunación.
El ministro de Salud mencionó que la exigencia del documento “ha cumplido su objetivo” y que desde inicios de año “se han aplicado más de un millón de dosis de vacunas” puesto que se ha registrado un aumento del 160,5% en las tareas de inmunización.
Sin embargo, en la víspera se produjeron fricciones entre los grupos sociales contrarios a la vacunación y la Policía en ciudades como El Alto, vecina de La Paz, y en el sur de Cochabamba, en la que inclusive las fuerzas de seguridad tuvieron que utilizar gases lacrimógenos.
Auza, que hasta hace poco se había mostrado firme contra esos grupos que incluso exigieron su renuncia, remarcó que la suspensión del carnet es “para preservar la seguridad de la población frente a ciertos grupos que no aceptan vacunarse creando focos de contagio”.
Bolivia atraviesa por una cuarta ola de contagios que ha superado los registros históricos diarios de transmisiones llegando a superar los 14.000 casos aunque con una tasa de letalidad de 0,6 por ciento.
El país acumula 20.377 muertes y 774.227 casos confirmados desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020, mientras que 143.261 son los contagios que se mantienen activos.
Los contagios empezaron a incrementarse en las últimas semanas, ante lo cual el Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria y recientemente se confirmó la presencia de la variante ómicron en Bolivia.
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