El fundador y presidente de Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, cuestionó la extradición del venezolano Ernesto Quintero por órdenes del régimen de Nicolás Maduro.
«Cómo es posible que luego de que la CPI y las Naciones Unidas han confirmado que el regimen de Maduro tortura a sus presos, España apruebe la extradición de un Venezolano ?», se preguntó luego de conocer la noticia.
Cómo es posible que luego de que la CPI y las Naciones Unidas han confirmado que el regimen de Maduro tortura a sus presos, España apruebe la extradición de un Venezolano ? @sinmordaza #venezuela https://t.co/YK3MaEKd1d #larazon_es
— Rodrigo Diamanti (@RDiamanti) January 19, 2022
La vida del venezolano Ernesto Quintero se encuentra en la cuerda floja. Detenido hace ya casi un año, sus abogados estaban intentando luchar por su injusta encarcelación en la prisión de Soto del Real cuando ha llegado la fatídica noticia. Será extraditado a Venezuela el próximo 12 de febrero, según fuentes jurídicas. Las autoridades españolas han obviado la reciente apertura de investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra la plana mayor del chavismo así como a sus principales Fuerzas de Seguridad por crímenes de lesa humanidad.
Ernesto llevaba residiendo en España desde noviembre de 2018. Casado y con una hija, se asentaron en Arganda del Rey. Todos se empadronaron y la pequeña comenzó el colegio en 2019. Es más, tanto a su esposa Cismary Marcano como a su hija se les concedió la protección por razones humanitarias. A él, no se la dieron, pues tenía una alerta de Interpol a petición del régimen chavista.
Según la Justicia venezolana, Ernesto era “accionista”, condición de la que supuestamente se valió para la comisión de los delitos por los que se solicitó su extradición. Sin embargo, el venezolano no fue accionista de ninguna de las sociedades mercantiles que se encuentran bajo investigación en el procedimiento penal venezolano. Ernesto ha demostrado que sus funciones eran meramente administrativas y siempre bajo supervisión inmediata de la presidencia de la empresa, ostentada por Enrique Auvert.
Cabe recordar que Ernesto logró que Interpol retirase la llamada “ficha roja” de detención emitida por las autoridades chavistas. Solicitó al organismo internacional la eliminación y argumentó, asimismo, la persecución a los trabajadores de las Casas de Bolsas por ser opuestas al régimen y la falsedad de los datos presentados por la justicia venezolana. Él no era accionista de una de dichas empresas opositoras.
La comisión de Control de Ficheros de Interpol concluyó el 30 de marzo de 2021 que no estaba en condiciones de garantizar que los datos impugnados se hayan tratado de conformidad con la normativa – al no poder acreditar Venezuela los hechos en que basaba su orden de detención- y decidió eliminarlos del Sistema de Información de Interpol, suprimiendo así la notificación roja relativa a Ernesto.
El Consejo de Ministros aprueba su extradición
Sin embargo, ya era demasiado tarde. Y es que, paralelamente, el 6 de octubre de 2020 se acordó la entrega a las autoridades chavistas, una decisión que fue confirmada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El 12 de enero de 2021, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, formado por el PSOE y Unidas Podemos, accede a la extradición del venezolano.
Después, el 2 de febrero, la Sala, a pesar de que no hubiera riesgo de fuga, decreta la prisión de Ernesto para así garantizar la entrega a Interpol. Es detenido el 10 de febrero y trasladado a Soto del Real, donde lleva encerrado desde entonces. Sus abogados han luchado por su libertad provisional y su esposa acudió a todos los organismos posibles para lograr la excarcelación de su marido y, por supuesto, su no extradición al país del que ya han huido más de 6 millones de venezolanos por la galopante crisis humanitaria y la persecución política.
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