Un informe de Transparencia Internacional reveló que Venezuela, Nicaragua y Haití están entre los países más corruptos del continente.
Alejandra Arredondo | Voz de América
La lucha contra la corrupción en los países de Latinoamérica se ha estancado en los últimos tres años, según un informe de Transparencia Internacional publicado el martes.
El informe evalúa a 180 naciones del mundo por los niveles percibidos de corrupción en el sector público, según expertos y empresarios.
“Los países de América están totalmente estancados en la lucha contra la corrupción. Los líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, dijo Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, una organización sin ánimo de lucro con sede en Berlín enfocada en el combate contra la corrupción, en un comunicado de prensa.
Haití, Nicaragua y Venezuela fueron los países de Latinoamérica que peor puntuación obtuvieron.
El informe alza las alarmas sobre el “autoritarismo” en Nicaragua y El Salvador y la represión contra la prensa y la oposición política en Venezuela, asegurando que los derechos civiles y políticos son “fundamentales para que haya democracias sin corrupción”.
“Se necesitan acciones contundentes para revertir esta tendencia, proteger a la sociedad civil y defender los derechos humanos y la democracia”, agregó la presidenta de la organización.
Los países más corruptos de Latinoamérica
Venezuela, Nicaragua y Haití obtuvieron la puntuación más baja del continente en cuanto al índice de percepción de la corrupción, calculado según la opinión de expertos sobre la corrupción en el sector público.
Venezuela, sumido en una crisis humanitaria y política en los últimos años, es el país con peor puntuación en la región (14 sobre 100) y está entre las naciones con mayor corrupción percibida en el sector público del mundo, solo superada por Somalia, Siria y Sudán del Sur.
La corrupción en el país suramericano “ha causado graves violaciones a los derechos sociales”, aseguró el informe, que señala al sistema judicial venezolano como un “instrumento de represión contra la disidencia y las voces críticas”.
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