Un grupo de familiares de personas consideradas presos políticos en Nicaragua demandaron este lunes al Gobierno del presidente Daniel Ortega que anule los juicios contra los dirigentes opositores encarcelados, previstos a iniciar a partir de mañana 1 de febrero.
EFE
«Todos nuestros familiares son inocentes (…), lo que legalmente corresponde es que los judiciales decreten la anulación total de todos los procesos desde su inicio y la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas, con pleno goce de sus derechos y garantías constitucionales», indicaron las familias, en un pronunciamiento.
Horas antes el Ministerio Publico había anunciado juicios orales y públicos contra los opositores y críticos de Ortega acusados por delitos considerados traición a la patria o lavado de dinero.
«Nos sumamos a la demanda de anulación de los juicios ilegales de las personas presas políticas», señaló en sus redes sociales la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que tiene a varios de sus líderes encarcelados.
A pesar de la inconformidad de familiares y opositores, su demanda de anulación de los juicios no es por la vía legal, sino pública, por lo que esperan que la justicia nicaragüense, dominada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cambie su decisión.
Previamente los familiares de los presos políticos habían denunciado a las autoridades nicaragüenses de arrestos ilegales, imputación de falsos delitos, incumplimiento del debido proceso, malos tratos, torturas, o indefensión.
Dos de los opositores considerados presos políticos recientemente fueron encontrados culpables bajo la Ley Especial de Ciberdelitos, que pena cualquier tipo de información en un medio electrónico que el Gobierno considere una amenaza en su contra.
Aunque diferentes organismos sostienen que en Nicaragua hay al menos 170 «presos políticos», el Ministerio Público anunció que a partir de mañana, martes, serán juzgados aproximadamente 40 que se encuentran en los calabozos de la Dirección General de Auxilio Judicial (DAJ), que pertenece a la Policía Nacional.
En estas cárceles se encuentran exaspirantes a la Presidencia por la oposición, exguerrilleros sandinistas disidentes, funcionarios de gobiernos liberales, exdiplomáticos, periodistas, empresarios, y líderes sociales.
El Ministerio Público señaló que los convictos enfrentarán la justicia «por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, entre otros.
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