La organización no gubernamental Cristosal ha atendido a más de 1.300 víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia social en El Salvador entre 2020 y parte de 2022, según lo indicó este lunes Rina Montti, directora del Sistema Regional de Monitoreo a Derechos Humanos de la entidad.
«Solamente en Cristosal, desde enero 2020 al 8 de febrero de 2022, hemos atendido a 1.306 personas en situación de desplazamiento forzado interno», dijo Montti en una declaración a un medio local. La experta en derechos humanos señaló que «la mayor parte de las víctimas están siendo desplazadas por razones de violencia, alrededor del 53 % o 54 %, el resto por razones del cambio climático que también es otra de las causales», apuntó.
De acuerdo con un comunicado de Cristosal difundido este lunes, unas 702 de las 1.306 víctimas han sufrido desplazamiento por violencia, 572 por cambio climático y 27 por la combinación de violencia y cambio climático.
Además, indicó que la ONG Servicio Social Pasionista (Sspas) ha atendido en el mismo lapso de tiempo a 710 víctimas de dicho fenómeno.
Montti detalló que la mayoría de casos de desplazamientos son causados por pandillas, sin embargo, reiteró que «hemos evidenciado casos de violencia perpetrados por la Policía Nacional Civil y esto es algo sumamente peligroso».
La directora del Sistema Regional de Monitoreo a Derechos Humanos de Cristosal lamentó que desde el Estado no exista una registro nacional de víctimas de desplazamiento forzado interno, a pesar de que en el país se cuenta con la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, aprobada por el Parlamento el 9 de enero del 2020 y entró en vigencia el día 23 del referido mes.
«Lamentablemente no se ha podido implementar plenamente la ley (y) no se sabe específicamente (a cuánto asciende el número de víctimas de desplazamiento), porque no hay un registro nacional de víctimas y es desde las organizaciones de sociedad social, a partir de la aprobación de la ley a la fecha, que hemos continuado atendiendo a (las) víctimas», dijo.
Montti también señaló que el Ministerio de Seguridad y Justicia ha asignado 665.000 dólares para la atención a víctimas, pero dicho monto «se está destinando únicamente para bienes y servicios, no sabemos específicamente cuánto se estaría destinando para la atención, como la manutención y administración de albergues y otros implementos y acciones que se debería de llevar a cabo» desde dicha cartera de Estado.
En enero de 2021, Cristosal pidió al Gobierno de El Salvador que cree el reglamento y protocolo para complementar dicha ley. De acuerdo con un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), las pandillas son las principales causantes del desplazamiento forzado.
La Mara Salvatrucha (MS13) es señalada en el 41,8 % de los casos, mientras que «pandillas en general» generan el 24,2 % y el Barrio 18 el 16,7 %. Atrás de estas organizaciones criminales se encuentra la Policía Nacional Civil con el 6,6 % de los desplazamientos forzados registrados entre octubre de 2017 y febrero de 2019.
Una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) estima que el 5,2 % de la población adulta de El Salvador se desplazó por la violencia en 2018. Este dato equivale a más de 235.700 personas.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
