Casi 99% del presupuesto de la nación para el 2022 lo acaparará el Poder Ejecutivo del régimen de Nicolás Maduro, para distribuir entre sus ministerios y vicepresidencias, con lo que se pretende pagar la nómina del sector público compuesta por 5.509.563 empleados, de los cuales el 80,61% son militares.
Si son las cuentas claras las que conservan amistades, queda claro por qué el chavismo tiene tantos enemigos. La opacidad y el hermetismo han sido moneda corriente en la administración política del régimen de Nicolás Maduro, especialmente cuando de dinero se trata.
Desde 2017, por decisión unilateral y sin mediar palabras con nadie, la dictadura dejó de presentar el presupuesto de la nación, lo que viola los designios constitucionales que señalan claramente el deber del Ejecutivo de consignar ante la Asamblea Nacional el presupuesto de cada año.
Durante los últimos cinco años la información sobre los presupuestos anuales ha sido opaca. El Ejecutivo ha acudido a instancias externas a la Asamblea Nacional, como la ilegítima y ya disuelta asamblea constituyente, con la finalidad de aparentar un ápice de institucionalidad, pese a que la Constitución no valida estas alternativas.
En este período, la ONG Transparencia Venezuela ha trabajado en la publicación de presupuestos elaborados a partir de información extraoficial a la que tuvieron acceso, complementando con información de las gacetas oficiales que contienen modificaciones presupuestarias.
Para el año en curso, Transparencia Venezuela logró conseguir los datos del presupuesto planificado por el chavismo para este 2022, en los cuales se revela una vez más la ya marcada centralización que padecen los Poderes Públicos.
Y es que, de los Bs 62.085.722.000 (aproximadamente $14.110.391.363), el Poder Ejecutivo recibirá Bs 61.398.911.000, lo que equivale a un 98,43% del presupuesto nacional.
Para Transparencia Venezuela, esta es una clara señal del inexistente balance que existe entre los poderes públicos, que más bien deberían ejercer contrapeso entre ellos.
«Este presupuesto es una prueba de la captura del Estado por parte del régimen. Un Estado que ha centralizado el poder en el gobierno en 98,43%, y mantiene anulada la capacidad del resto de los poderes públicos para hacer contrapeso, hacer justicia independiente, exigir cumplimiento de la constitución y las leyes», argumentan en el informe publicado por la ONG.
El minúsculo restante del presupuesto nacional se reparte entre los otros cuatro poderes. El Judicial es el segundo con mayor asignación, de Bs 335,8 millones ($74,6 millones), un 0,57% del dinero. Le siguen el Ciudadano con Bs 217,2 millones ($48,2 millones), un 0,35%; el Electoral con Bs 60,4 millones ($13,4 millones), un 0,10%; y finalmente el Legislativo con Bs 53,2 millones ($11,8 millones).
Toda esa masa monetaria que recibirá el Ejecutivo, a diferencia de otros años en los que la industria petrolera fungía como casi único financista, dependerá en gran parte del bolsillo de los venezolanos.
En otros años el petróleo aportaba una tajada casi absoluta del dinero recibido por el Estado. En esta ocasión, de acuerdo con las estimaciones expuestas en el presupuesto de este año, la industria petrolera aportará aproximadamente Bs 38.069 millones ($8.652.212), lo que representa un 61% del total.
El 39% restante recaerá sobre los hombros de la población venezolana, ya que se trata de ingresos tributarios como el IVA, el Impuesto sobre las Grandes Transacciones Financieras, el Impuesto Sobre la Renta e impuestos de cigarrillos, licores, telecomunicaciones e importación.
Si bien es cierto que todos estos impuestos ya figuraban desde antes, 2022 tendrá la particularidad de que se extenderán hacia la totalidad de la población, indistintamente de sus capacidades adquisitivas o estrato social.
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