Grupos de derechos humanos y pobladores denunciaron el miércoles que un gobernador indígena y tres civiles, incluido un adolescente, murieron en Colombia a manos de militares colombianos y fueron presentados como caídos en combate en una operación realizada cerca de la frontera con Ecuador y Perú.
AFP
En la acción murieron en total 11 personas que el ejército asegura eran rebeldes de una facción disidente de las extintas FARC, versión que respaldó el gobierno pese a los reclamos de autoridades indígenas y de derechos humanos.
«Las personas asesinadas por el ejército nacional no eran guerrilleros, sino población civil dentro de la cual (había) compañeros indígenas», dijo en rueda prensa Oscar Daza, portavoz de la organización que reúne a los pueblos originarios de la Amazonía colombiana (Opiac).
Según la denuncia, entre las víctimas está el gobernador kitcwhwa Pablo Panduro, el líder comunitario Divier Hernández y su esposa, cuya identidad no ha sido revelada. La Defensoría del Pueblo, un organismo estatal de derechos humanos, también reportó la muerte de un adolescente de 16 años y exigió el «rápido esclarecimiento de los hechos».
Ni la Opiac ni la Defensoría hicieron referencia los otros siete fallecidos.
El martes, el alto mando militar anunció la muerte «en combate» de 11 guerrilleros en la zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, en el extremo sur del país. Cuatro combatientes más quedaron heridos y fueron arrestados.
Se trató de una operación legal dirigida contra la disidencia conocida como la Segunda Marquetalia, que retomó las armas después de renunciar al acuerdo de paz negociado en Cuba, dijeron autoridades.
«Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros», respaldó el ministro de Defensa Diego Molano en un tuit que acompañó con los extractos de un video de celular donde se ven dos jóvenes armados con fusiles y sin uniforme.
¿Falso positivo?
Sin embargo, la Organización Nacional Indígena de Colombia, máximo órgano de los pueblos originarios, rechazó las declaraciones oficiales y denunció las muertes del gobernador y los dos pobladores como «falsos positivos», como se conoce al mayor escándalo de sangre en la historia de las fuerzas militares de Colombia:
Al menos 6.400 civiles fueron asesinados por militares y presentados como guerrilleros abatidos entre 2002 y 2008, de acuerdo con el tribunal de paz que investiga los peores crímenes del conflicto interno.
El padre del menor muerto negó que su hijo fuera un combatiente rebelde. «¡Mi hijo no era disidente ni nada de eso!», exclamó entre lágrimas Rodolfo Pama Lozada en una entrevista con el telenoticiero Caracol en Puerto Leguízamo.
Según su versión, un comando de uniformados de negro disparó hacia el caserío donde se celebraba un bazar y «luego cuando llegaron los militares se unieron con ellos».
El general Juan Carlos Correa, de la división aérea del ejército, aseguró que sus hombres sostuvieron «combates fuertes, con fuego nutrido» y que incluso un militar fue herido en el brazo con un disparo de fusil.
«No había ninguna actividad (social), ni bazar, simplemente se generó un combate», sostuvo el oficial en declaraciones a los medios.
De su lado, Human Rights Watch dijo haber confirmado que «durante el operativo del Ejército murieron» el gobernador indígena, el líder social y su esposa. «Urge aclarar los hechos», señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de la ONG.
Sin mencionar enfrentamiento alguno, la fiscalía sostuvo en un tuit que está investigando «los hechos de Puerto Leguízamo, donde murieron 11 personas».
Después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), facciones disidentes avanzaron sobre los territorios dejados por sus antiguos compañeros.
Sin un mando unificado, estos grupos aprovecharon que el Estado no copó efectivamente esas zonas y se trenzaron en disputas de zonas estratégicas para la producción y tráfico de cocaína, su principal fuente de financiación.
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