La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó este miércoles las recientes reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas, las cuales conllevan la «criminalización del trabajo de los medios y de los periodistas».
En un comunicado, el organismo hemisférico agregó que dichas reformas contravienen «principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de prensa y sobre el derecho ciudadano a acceder a información relevante y de interés público».
El Salvador cumple hoy once días bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas. Misma que el gobierno respondió con capturas masivas y encierro total para los pandilleros detenidos.
Afecta el trabajo periodístico
En ese escenario, desde este lunes han entrado en vigor reformas penales y a la citada ley contra pandillas y grupos criminales que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, para frenar la escalada de violencia en el país, enmiendas que, denunció la SIP, «afectan en forma directa el trabajo periodístico».
Las reformas castigan hasta con 15 años de prisión la elaboración de «cualquier manifestación escrita». Así como dibujos, pinturas, diseños, grafitis o cualquier forma de expresión visual que aludan al «control territorial» de las pandillas.
La misma sanción tendrán los medios de comunicación, incluidos los digitales, que reproduzcan «mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales». Y que además «pudieren generar zozobra y pánico en la población en general».
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, consideró que se trata de «una mordaza legal, una censura directa y previa a los medios que tendrá profundas consecuencias para la sociedad salvadoreña».
«Un país no puede bloquear la violencia censurando a la opinión pública, ya que es justamente en el debate público donde las sociedades encuentran los remedios a sus problemas», agregó.
Restricciones contra la prensa
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, valoró que «es evidente y lamentable que se aprovechen las circunstancias de la grave violencia social que padece el país para legalizar restricciones y profundizar la hostilidad que ha demostrado este gobierno contra la prensa».
En el Índice Chapultepec que elabora la SIP para medir las libertades de expresión y de prensa en la región, El Salvador ocupa el puesto 18 de un total de 22 países que son analizados en este barómetro.
«El país centroamericano se acerca a altos niveles de restricción, en un contexto sin precedentes en su historia reciente», según el último informe de este índice.
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