Un juez hondureño autorizó el viernes la extradición hacia Estados Unidos del exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el «Tigre» Bonilla, señalado de «supervisar» operaciones de narcotrafico para el expresidente Juan Orlando Hernández, detenido en febrero.
AFP
«Se ha concedido por parte del juez natural de primera instancia la extradición del ciudadano Juan Carlos Bonilla Valladares, de acuerdo a las peticiones que han sido formuladas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York», anunció en rueda de prensa el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, al terminar una audiencia.
El juez dio inicio hace horas a la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba en la causa instruida para exjefe policial, requerido por Estados Unidos, según anunció la CSJ en Twitter.
En un comunicado, la Corte detalló que el tribunal de Manhattan atribuye a Bonilla tres cargos relacionados con «participar en la conspiración para importar sustancia controlada en los Estados Unidos (…), usar o portar armas (…) en relación a la conspiración para importación de narcóticos imputados en el primer cargo».
Duarte dijo que la defensa tiene hasta el próximo lunes para apelar la resolución, como hizo la del expresidente Hernández.
«Si no se hace uso de la garantía de la segunda instancia, es decir la presentación de la apelación que corresponde, quedaría en firme la decisión del juez natural», añadió el portavoz.
«Co-conspirador» de narcotráfico
Bonilla fue capturado el 9 de marzo al norte de Tegucigalpa. Fue transportado a la sede del Batallón de Infantería, 5 km al sur de la capital, hasta donde fue el juez en la primera audiencia, quien le notificó sobre la solicitud de Estados Unidos.
El magistrado le mantuvo en el batallón y fijó el 8 de abril para la segunda audiencia. Luego de la resolución el juez lo mantuvo en el mismo lugar.
Bonilla, director de la Policía entre 2012 y 2013, había sido mencionado como «co-conspirador» de narcotráfico del exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández, en un juicio en el que el hermano del expresidente hondureño fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Desde mayo de 2021 se había informado que Estados Unidos había solicitado la extradición de Bonilla, quien entonces negó los cargos que le atribuyó el fiscal de Manhattan, Geoffrey Berman.
«Juan Carlos Bonilla Valladares, exjefe de la Policía Nacional de Honduras, presuntamente abusó de sus puestos en la policía hondureña para burlar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de tráfico de drogas», indicó Berman el 30 de abril del 2020.
La justicia sigue con Bonilla el mismo procedimiento que siguió en el caso del expresidente Hernández, cuya extradición fue aprobada por los 15 magistrados de la CSJ el 28 de marzo.
Pendiente extradición de JOH
La defensa de Hernández, comúnmente conocido por sus siglas JOH, presentó un recurso de amparo para detener la extradición, pero fue denegado.
Duarte informó que 12 magistrados firmaron el acta de la extradición y faltan tres que firmen para ordenar la entrega del exgobernante a Estados Unidos.
En la petición, Estados Unidos señaló a Hernández de tres delitos, como «conspiración (..) para importar sustancia controlada» como cocaína y «poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos».
Entre 2004 y 2022 «Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas (…) la conspiración transportó más de aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos».
Fiscales estadounidenses se han referido al exgobernante como «co-conspirador», y que convirtió a Honduras en un «narco-Estado» al involucrar militares, policías y otros civiles en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Hernández, antiguo aliado de Washington, critica la justicia de Estados Unidos al afirmar que lo señala con base en «declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos» que fueron extraditados por su gobierno.
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