Irene Khan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, increpó al gobierno de Nicolás Maduro sobre la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en contra de El Nacional condenándolo al pago de 237.000 petros, el equivalente a 13,5 millones de dólares, lo que derivó en la confiscación del edificio sede del medio de comunicación, la que se enmarca en un contexto de cierre del espacio cívico, “en particular a la libertad de opinión y expresión en Venezuela”, dijo.
Por José Gregorio Meza | El Nacional
“Puedo expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano, ya que considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”, dijo.
“Me preocupa profundamente que la demanda de difamación, el carácter aparentemente desproporcionado de la indemnización y la adjudicación de la sede de El Nacional, parecerían estar directamente relacionadas con la labor periodística del medio de comunicación y sus reportajes críticos al gobierno”, indicó.
“Me preocupa asimismo que la cantidad a pagar como indemnización por la sociedad propietaria del periódico, por su aparente desproporcionalidad, haya hecho imposible el pago de la misma, con el resultado de forzar un embargo de la sede del periódico, afectando gravemente la continuidad de la labor periodística”, agregó.
“Es sumamente preocupante que la sede de El Nacional haya sido finalmente adjudicada al mismo diputado que había iniciado la demanda, en supuesta violación de normas de publicidad y debido proceso”, advirtió.
La comunicación de Khan está fechada el 11 de febrero de 2022. No ha recibido aún respuesta del gobierno de Maduro. Está disponible en la página de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ataques a El Nacional: acoso y hostigamiento a periodistas
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión indicó que en enero de 2022 organizaciones de la sociedad civil denunciaron una campaña de acoso y hostigamiento estatal contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y voces disidentes dirigida por Diosdado Cabello. También alertó sobre el bloqueo de sitios web, “presuntamente por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)” y ejecutado por las empresas públicas y privadas de telecomunicaciones.
Asimismo advirtió que la presunta persecución a medios de comunicación independientes, periodistas y otros trabajadores, además de profundizar la presión preexistente sobre la prensa y la sociedad civil en Venezuela, “también podría tener el efecto de restringir seriamente el acceso a la información para el público venezolano, e impactar negativamente sobre la libertad de los individuos de usar y recibir una amplia gama de formas de información”.
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