En «mano de seda» se convirtió el plan para disminuir los delitos de contrabando y tráfico ilegal de combustible en Venezuela. Analistas señalan que el operativo impulsado por la administración de Maduro denominado «Mano de hierro», no pudo con el combate contra las mafias de la gasolina y el diésel.
Subsidio y corrupción van de la mano. Esto es lo que ha sucedido en Venezuela por mantener un precio mucho más bajo del mercado internacional o por debajo de los costos de producción del combustible. Analistas señalan que la poca fiscalización y control en los procesos de comercialización y distribución, continúan generando contrabando de la gasolina y del diésel. Pero, a su vez, dejando altos ingresos en los involucrados, muchos de ellos integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales.
En enero de 2021, la administración de Nicolás Maduro puso en marcha el operativo «Mano de hierro» para combatir las mafias de combustible, sin embargo, sus resultados hasta la fecha han sido muy pobres, de acuerdo a analistas que participaron en el foro «Escasez de combustible con mano de hierro», organizado por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela y el Consejo Ciudadano por el Combustible.
Para Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, sostiene que «todo lo relacionado con el manejo del combustible ha sido aplicado con mano de seda». Resalta que el operativo «Mano de hierro» fue anunciado para acabar con las mafias del combustible y del narcotráfico, pero que transcurrido el tiempo, habría que preguntarse si se eliminaron estos delitos o si se han consolidado las mafias del combustible en las estructuras de poder y del Estado.
«Este operativo Mano de hierro se desvirtuó, porque en los casos de remociones de funcionarios militares porque se evidenció que cometieron algún delito, no se conocen los sanciones y mucho menos los procedimientos y correctivos», apunta San Miguel.
Destaca que las FFAA participan en el diseño de todo el control de las estaciones públicas de servicio y de la distribución del combustible a todo lo largo y ancho del territorio nacional, a través de las Zonas Operativas de Defensa Integral (Zodi) por lo que son los principales responsables del desvío de gasolina fuera de la frontera y/o su reventa en el mercado interno.
«Los casos más emblemáticos que se conocen hasta ahora son contra efectivos de la Fuerza Armada con la detención en febrero de los jefes de la Zodi Trujillo (mayor Pedro Rivas Córcega) y Zodi Anzoátegui (general de División Marco Tulio Alvarez). Ambos, generales de división del ejército, están presuntamente involucrados en el tráfico de combustible y fueron removidos de sus cargos. Pero ninguna autoridad habló de estos casos. Más allá de la remoción, no hubo un antejuicio de mérito ni una investigación penal, están activos y en libertad», acota la presidenta de Control Ciudadano.
Indica que lo mismo ocurrió en el estado Bolívar, donde cuatro directivos de la policía estadal fueron vinculados a las mafias de combustible. No obstante, se desconocen los procedimientos y las sanciones aplicadas.
«Mientras exista el subsidio, existirá el tráfico del combustible y la corrupción. Es un negocio en auge, que proporciona altos ingresos a civiles y militares. Los actores claves son bandas y megabandas del tráfico internacional del combustible», afirma San Miguel.
Al respecto, Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), considera que es necesario «proteger la cadena de comercialización y distribución del combustible», y no dejar estos procesos «en las manos que no deben estar».
Quintero ha referido en varias oportunidades la importancia de fijar un precio adecuado a la gasolina, incluso por encima de los 0,50 dólares por litro en los que se vende el combustible en el país. Venezuela tiene además del precio en divisas, otro subsidiado a 0,10 bolívares el litro, lo que genera un perverso arbitraje generador de corrupción.
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