El abogado defensor también dijo que el fiscal Sánchez estaría haciendo una lectura errónea, al tratar de interpretar la Carta Magna a partir de lo que dice el Código Penal. Además, dijo que la Fiscalía «no ha presentado» las pruebas por los presuntos delitos que pretenden imputar a Presidente.
«El problema está cuando se pretende interpretar la Constitución a partir del Código Procesal Penal, lo cual es inaudito. Se pretende interpretar los alcances del precepto constitucional del artículo 117 a partir de la división de las etapas que establece el proceso penal, y no es así; se tiene que interpretar a partir del punto de vista de la Constitución», comentó.
Espinoza también destacó que, según lo que establece la Constitución, los Jefes de Estado en funciones tienen inmunidad y por lo tanto no pueden ser perseguidos ni acusados, salvo las excepciones establecidas en la Carta Magna. Por esa razón, sostiene, que la reciente decisión de la Fiscalía «está erosionando» ese mandato constitucional.
Otras averiguaciones
La semana pasada se conoció también que la Fiscalía habría iniciado «diligencias preliminares» contra la primera dama de Perú, Lilia Paredes, por la presunta comisión de un delito contra la Administración Pública por su negativa a colaborar con la Justicia, en calidad de testigo, por el mismo caso en el MTC. En ese momento, la primera dama, acompañada de su abogado, se acogió a su derecho a no declarar.
Según el diario local El Comercio, que tuvo acceso a la disposición la Fiscalía, el proceso preliminar contra la primera dama deberá desarrollarse en un plazo de 60 días. Dicho delito se presenta de acuerdo con el artículo 371 del Código Procesal Penal.
Meses atrás, la exfiscal, Zoraida Ávalos, abrió otras dos indagaciones preliminares contra Castillo. La primera, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública —tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor— y colusión —en calidad de partícipe—, en agravio del Estado, esto en relación a las licitaciones para el proyecto ‘Puente Tarata III’; y para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú.
La otra averiguación de Ávalos contra Castillo fue la relacionada a la presunta injerencia en los ascensos militares. En este caso, se le atribuyen al mandatario los supuestos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
En ambos casos, la exfiscal dispuso que el inicio de los actos de investigación quedara suspendido hasta que culminara el mandato presidencial de Castillo, «en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal».
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