Pocos ciudadanos se acercan al TSJ venezolano a dirimir sus derechos y recursos legales, pues saben que responde al poder político, según representantes de la sociedad civil.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que suele publicar sentencias favorables al régimen de Nicolás Maduro, ya no solo falla con tintes políticos ante los ojos de la oposición. Ahora, su misión de impartir justicia también se ha ralentizado, apuntan investigadores independientes.
“Los datos disponibles hasta principios de junio revelan que el TSJ apenas ha adoptado un 28,87% de las decisiones que tomó en 2021, y eso que ya nos encontramos a mitad del año”, aseguró la ONG Acceso a la Justicia.
Según la organización civil, la Sala de Casación Penal lidera las dependencias del Tribunal Supremo con mayor número de sentencias, con 175. Le siguen la Sala Constitucional, con 174 fallos, y la Sala de Casación Civil, con 161.
“La Sala Político Administrativa, con 153 sentencias, estaba en el cuarto lugar, y las salas de Casación Social, Electoral y Plena con 60, 46 y 31 decisiones, respectivamente, cerraban la lista”, complementa la organización civil.
El oficialismo renovó este año el Tribunal Supremo de Justicia con una reforma de la Ley del Poder Judicial a través de la Asamblea Nacional electa en 2020. Redujo el número de magistrados por cada sala y los juristas en total.
La oposición al gobierno de Maduro y diversos organismos consideraron que la reforma violó la Constitución al elegir como magistrados a figuras con clara inclinación hacia el chavismo y otorgar nuevos períodos de 12 años a juristas que ya integraban las salas del TSJ.
Acceso a la Justicia asegura que el TSJ exhibe “una progresiva caída en el número de decisiones” en los últimos años. Cita que publicó 6.401 sentencias en 2016, es decir, casi cinco veces del promedio de fallos que lleva al momento.
Además de politización de la justicia, ahora hay “improductividad” del TSJ, añadió. Su peor año fue 2020, el de la pandemia por COVID-19, con 1.215 decisiones. El TSJ estuvo “prácticamente paralizado” por ocho meses, puntualiza la organización.
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