Delincuencia, sangre, homicidios e investigación criminal es lo que ha dejado el Tren de Aragua en Chile desde su ascenso meteórico en el país. No hay dudas que para las autoridades nacionales este año ha sido complejo pues la megabanda con lazos en varios países latinoamericanos se ha instalado en parte del territorio, y ha exigido nuevas formas de trabajar y una coordinación inédita entre el gobierno chileno, policías y la fiscalía para desarticular a sus integrantes.
Y es que el Tren de Aragua es un verdadero problema en Chile. Según InsightCrime, la banda y el narcotráfico serían los responsables del empeoramiento de vida en algunas partes del país, como por ejemplo, en la macrozona norte, distorsionando el vivir en la ciudad de Iquique, situada a 1.757 kilómetros de Santiago, y que colinda muy cerca de la frontera boliviana. Aquí, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, hizo un llamado desesperado a mediados de julio para “evitar que Iquique se convierta en Ciudad Juárez”, debido a la violencia impera en esta localidad. Hasta inicios de agosto se contabilizaban en Iquique 31 homicidios, mientras que el 2021 hubo 51.
En el país, el Tren de Aragua ha sido capaz de importar delitos que antes no eran comunes en el país, como por ejemplo, el tráfico de inmigrantes y el sicariato. Además, se ha registrado que manejan la explotación sexual de mujeres y hasta la tortura de sus contrincantes. La violencia extrema es uno de sus mandamientos, y esto ha impactado incluso a policías de basta experiencia.
Sin embargo, ¿cuáles son los orígenes del Tren de Aragua?, ¿cómo fue capaz de llegar a Chile?, ¿y qué se está haciendo para desarticular a sus miembros?
Los orígenes del Tren de Aragua
Los primeros pasos del Tren de Aragua se sitúan en Venezuela, específicamente en el estado de Aragua. Alrededor del 2009 y 2010 esta zona era parte del Plan Socialista Nacional de Desarrollo Ferroviario 2006, pero nunca pudo ver la luz. La frustración de los trabajadores devino en delincuencia como extorsión, secuestros, robos y homicidios.
No obstante, según el medio La Tercera, la periodista venezolana de investigación Ronna Rísquez no cree en esta versión. Para ella, los orígenes de la banda se situarían en el descontrol en las cárceles de Venezuela, y la aparición de una figura dentro de las cárceles llamada el “pran”, es decir, líderes máximos en movilizar temas económicos de una organización criminal. Para Rísquez, “lo concreto es que había una banda que operaba fuera del Centro Penitenciario de Aragua (conocido como Tocorón) liderada por ‘Chino’ Pedrera. Esto coincide con el nacimiento de los ‘pranes’ y su control de las cárceles. Algunos de los miembros de la banda pasaron por la prisión de Tocorón, donde conectaron con sus líderes, dando inicio al Tren de Aragua”.
El director del Observatorio Venezolano de Violencia, el sociólogo Roberto Briceño-León, agrega el dato de que el 2005 el gobierno de Hugo Chávez cedió “el control interno de las cárceles a los propios presidiarios a través de un acuerdo en el que se eliminaba el control externo y ellos se encargaban de mantener el orden interno de la cárcel y evitar muertes”. No obstante, todo salió mal y nacieron líderes por esta política fallida, entre ellos, Wilmer José Brizuela, conocido como “Wilmito”.
Para Rísquez, el nombre del Tren de Aragua surge el 2014. Su líder sería Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido como el “Niño Guerrero” aunque es probable que existan otros cabecillas. Este habría alcanzado notoriedad cuando ordenó, según la prensa local, ajusticiar a “Wilmito” quien había sido trasladado a Aragua, ganando así control total de la cárcel Tocorón.
Se calcula que en la actualidad el Tren de Aragua tiene entre 2.500 y 3.000 miembros activos aunque Rísquez cree que hoy son alrededor de 5.000. Desde el 2013 en adelante el Tren de Aragua inició su expansión a otros estados de Venezuela hasta que este país les quedó chico. Así saltaron a Latinoamérica, y a Chile también.
Llegada a Chile
El Tren de Aragua huele el dinero y hace cualquier cosa para seguir su pista, cueste lo que cueste. Esta sería una de las máximas de la agrupación que ha saltado por diversos países en búsqueda de poder y riqueza, y Chile en algún momento iba a ser parte de sus objetivos.
Y esto sucedió, según la Policía de Investigaciones (PDI), el 2017 cuando las máximas cabezas de este grupo criminal le ordenaron a Carlos González Vaca, más conocido como “Estrella”, que se trasladara a Chile para que iniciara operaciones delictuales en el país. Su temprana llegada le sirvió para regularizar su situación migratoria, consiguiendo incluso un contrato de trabajo con empresas de delivery.
De Vaca hablaremos un poco más adelante porque la primera sospecha para las policías de la existencia del Tren de Aragua en Chile ocurrió el 2021 cuando a Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Alta Complejidad de Iquique descubrió a individuos extranjeros que traficaban drogas hacia Chile. Aunque esto es habitual en esta localidad, los investigadores sospechaban que los detenidos escondían información y mostraban un temor no a la policía, sino a quienes les encargaron la misión. Con el pasar del tiempo estos admitieron que en la frontera se encontraron con integrantes del Tren de Aragua quienes les encomendaron pasar la ketamina al país, es decir, eran inmigrantes que se vieron forzados a hacer esto.
Aunque este dato necesitaba ser corroborado e indagado mucho más, en Chile se prendiendo las alarmas con antelación. Además, según La Tercera, los primeros antecedentes apuntaban que el Tren de Aragua estaba asentado en Pisiga Bolívar, un poblado boliviano cerca del límite con Chile el que era aprovechado para el tráfico de drogas, armas y trata de migrantes.
La trata de migrantes es uno de los delitos con los que se hizo conocido el Tren de Aragua, específicamente por la llegada masiva de ciudadanos venezolanos que golpeó a Chile el 2020 y el 2021. Sin embargo, esto solo es la punta de la lanza criminal de esta sanguinaria agrupación.
Delitos en Chile
La trata de personas, tráfico de drogas, sicariato, estafas, explotación sexual y extorsión son los delitos más comunes del Tren de Aragua en Chile. Para el subprefecto de la PDI, Javier Valenzuela, jefe de Inteligencia de la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Crimen Organizado, la banda llegó al país para cambiarlo todo. “Ellos explotan delitos distintos y con un modus operandi basado en la violencia”, asegura.
Según la PDI, parte de sus víctimas son ciudadanos venezolanos “y los miembros de la organización son a su vez todos venezolanos”, expresó Rodrigo Fuentes, prefecto y jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Zona Norte, para agregar que “todos ellos ingresaron al país por pasos no habilitados, lo que más difícil hace su identificación”.
En lo que se refiere al tráfico de migrantes y el traspaso de ketamina, Fuentes comentó a Las Últimas Noticias que muchos de estos no encajan en el perfil de “burreros”, es decir, gente que por dinero pasa droga de un país a otro aprovechando las vulnerabilidades de las fronteras, sino que los migrantes son amenazados para hacer este trabajo. “Estos migrantes llegan a la frontera entre Bolivia y Chile, muchas veces conducidos por miembros del Tren de Aragua, y antes de cruzar el límite, les exigen que deben llevar un cargamento de ketamina. Si dicen que no, entonces los someten a torturas. Pero la mayoría dice que sí, porque las víctimas son todas venezolanas y cuando a un venezolano le nombran el Tren de Aragua, se llena de pánico porque conocen la fama de la organización”, explicó Fuentes.
Sobre la explotación sexual la PDI informó se trata de un nuevo tipo de comercio sexual ya que las mujeres son captadas en Venezuela por agencias de viaje, sin que se den cuenta que están en las redes del Tren de Aragua. Tras pagar un monto de dinero, son trasladadas a Chile por Ecuador, Perú y Bolivia. En Chile “son enviadas a un departamento en alguna región con otro grupo de mujeres, donde deben ejercer el comercio sexual hasta completar una cuota en dinero, unos 3 millones (USD 3.330) o más, a modo de impuesto”, explicó Fuentes.
La extorsión es aplicada en Chile por el Tren de Aragua. Hay dos formas de obtener información privada para este grupo: redes sociales o datos de conocidos. “Desafortunadamente, hoy es muy fácil obtener información a través de redes sociales, mucha gente deja su vida privada abierta a cualquiera y es muy fácil saber sus hábitos, su dirección, quiénes conforman su familia, dónde trabaja, etcétera. Hay gente de esta organización que se dedica a monitorear permanentemente redes sociales”, manifestó Valenzuela.
Los asesinatos por parte del Tren de Aragua se producen cuando alguien se les cruza en sus intereses, o cuando alguien los desafía. En lo que se refiere a los secuestros, “hemos visto casos de secuestro de personas porque se han negado a pagar alguna cuota, y algunos han sido liberadas después de que sus familiares pagaran una buena suma de dinero”, agregó Fuentes.
Estafar haciéndose pasar por el Tren de Aragua también ha sido detectado en Chile. “Estas amenazas son efectuadas por venezolanos que se hacen pasar por miembros del Tren de Aragua, pero que en realidad de trata de estafas. Algunas llamadas, de hecho, son efectuadas desde las cárceles o desde el extranjero”, puntualizó Fuentes.
Los delitos del Tren de Aragua son aplicados con violencia extrema y se utilizan armas de fuego para la intimidación, o, directamente, para acabar con sus rivales. Lo normal es que una banda actúe con sigilo, pero el Tren de Aragua es todo lo contrario, según el fiscal de Arica y Parinacota, Mario Carrera. “Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas; (pero) esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo Carrera.
Las amenazas y la violencia incluso han afectado a los fiscales de Chile. En julio pasado se conoció que el Ministerio Público estaba investigando una serie de amenazas del Tren de Aragua a fiscales, y que una encuesta reflejó que el 30% de los persecutores o sus familiares han sido amenazados, mientras que el 85% aseguraba que trabaja en condiciones de seguridad precarias.
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