Cerca de 3.000 centros de votación abrieron en una de las votaciones más importantes de la historia reciente del país.
El resultado, que se espera muy ajustado, se conocerá un par de horas después del cierre y está previsto que el presidente chileno, Gabriel Boric, ofrezca un discurso en cadena nacional por la noche, independientemente de la opción que gane.
De aprobarse, el texto sustituirá a la actual Carta Magna, heredada de la dictadura (1973-1990) -aunque reformada parcialmente en democracia- y vista, por una parte, de la sociedad como el origen de las desigualdades del país por fomentar la privatización de servicios básicos.
De rechazarse, seguirá vigente la actual Ley Fundamental, aunque Boric ya anunció que convocará un nuevo proceso constituyente y que se cumplirá con el mandato del plebiscito de octubre de 2020, en el que casi el 80 % de los chilenos pidió un cambio constitucional.
Los últimos sondeos revelaron que se mantiene la tendencia a rechazar el texto, pero los expertos alertan que el escenario está abierto porque por primera vez el voto es universal y obligatorio y hay una gran bolsa de votantes que llevan años ausentes de las urnas.
El nuevo texto, redactado durante un año por una convención de tendencia progresista y con paridad entre hombres y mujeres, declara a Chile un «Estado social de derecho» y es uno de los más vanguardistas del mundo en materia de lucha contra la crisis climática e igualdad de género.
Sus defensores, que se concentran en la izquierda y parte del centro, dicen que ayudará a crear un Chile «más justo» porque consagra un abanico de nuevos derechos sociales, la principal demanda que los ciudadanos expresaron en la ola de protestas de 2019.
Sus detractores, la derecha y la otra parte del centro, argumentan en cambio que es un texto «radical» y que «no une al país».
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