El presidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró este lunes su inocencia ante la fiscal que lo investiga por presunta corrupción, mientras crece la presión judicial a su Gobierno con la inclusión de su primer ministro y del responsable de Justicia en uno de los casos abiertos en su contra.
EFE
El jefe de Estado acudió esta mañana a la sede del Ministerio Público, en Lima, donde había sido citado por la fiscal general, Patricia Benavides, para responder por tres de los seis casos que tiene abiertos en su contra por presunto tráfico de influencias, encubrimiento personal y organización criminal.
Durante la diligencia, que se extendió por unas tres horas, Castillo no respondió a las preguntas que le hizo la fiscal y solo prestó su versión voluntaria.
De ese modo, replicó la estrategia que ya había usado en los anteriores interrogatorios por los casos relacionados con presuntas irregularidades en ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El mandatario, según señaló en declaraciones a los medios, se limitó a negar y rechazar “tajantemente las imputaciones” y se comprometió a declarar nuevamente una vez la fiscal haya acopiado toda la información de los casos.
“Vamos a seguir dando la cara, iremos, acá, donde nos llamen. Estamos tranquilos y vamos a seguir trabajando”, apostilló desde las puertas del Palacio de Gobierno.
“Completamente inocente”
En la misma línea se expresó su abogado más mediático, Benji Espinoza, quien aseguró que Castillo “es completamente inocente de todos los cargos que falsamente se le atribuyen”.
El gobernante está siendo investigado preliminarmente por la salida del exministro del Interior Mariano González, por presuntas irregularidades en la compra de biodiésel y por ser líder de una supuesta organización criminal en el Ejecutivo.
Según la tesis fiscal, esta presunta red corrupta tenía como objetivo, supuestamente, posicionar a personas de confianza del entorno presidencial en puestos clave para después otorgar fraudulentas licitaciones de obras públicas.
En esta organización, siempre según la misma versión, estaba presuntamente implicado el círculo más íntimo del mandatario, incluida su esposa, Lilia Paredes, y su cuñada Yenifer Paredes, quien cumple una orden judicial de 30 meses de prisión preventiva en un penal de mujeres de Lima.
Más ministros investigados
Y, desde hoy, por este caso también están siendo investigados preliminarmente el primer ministro, Aníbal Torres, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, informó el Ministerio Público apenas unos minutos después de que Castillo abandonara el despacho fiscal.
“La fiscal de la Nación (general) dispuso incluir al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en su condición de exministro de Justicia, y al actual titular de esa cartera, Félix Chero, en la investigación preliminar por el delito de Organización Criminal”, escribió la institución en sus redes sociales.
Hasta el momento, el jefe del gabinete ministerial no se ha pronunciado al respecto, pero, en cambio, sí lo ha hecho Chero, quien, a través de Twitter, negó “categóricamente estar relacionado con algún acto ilícito o de corrupción”.
“A fin de aclarar esta imputación, expreso mi disposición de concurrir a todos los actos y citaciones que se dispongan, a pesar de que dicha investigación carece de sustento jurídico y probatorio”, agregó el abogado.
Con esta flamante ampliación, ya son tres los ministros de Castillo los que están en el ojo del huracán del equipo especial de la Fiscalía contra la corrupción del poder, pues Torres y Chero se suman al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado.
Por este caso, Alvarado fue interpelado hoy por el pleno del Congreso, donde respondió uno a uno los 23 interrogantes de los legisladores por presuntamente ser operador de esta organización criminal que encabezaría Castillo, cuando estuvo al frente del sector Vivienda.
Seis investigaciones
A pesar de que la Constitución peruana solo recoge la posibilidad de procesar al mandatario en funciones por casos de traición a la patria o impedir elecciones, Castillo acumula seis investigaciones preliminares de la Fiscalía desde que asumió el poder en julio de 2021.
Cinco de ellas están a cargo de la fiscal Benavides y están vinculadas a hechos relacionados a su Gobierno, mientras que otra está en manos del Ministerio Público de la norteña región de La Libertad, que lo investiga por supuesto plagio en la tesis de máster que realizó junto a la primera dama.
La presión judicial contra Castillo, su entorno familiar y su Gobierno ha recrudecido en los últimos meses las críticas de la oposición hacia su gestión con pedidos de renuncia, destitución y adelanto de elecciones.
Esta última opción fue respaldada este fin de semana por su rival en las urnas, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y empezará mañana a ser discutida en la Comisión Constitución del Congreso, que debatirá proyectos de ley que proponen el recorte del mandato presidencial y parlamentario y establecen el adelanto de elecciones generales.
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